La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Algeciras, María Solanes; y la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, han vuelto a la gresca este martes en relación a la gestión económica del Ayuntamiento.
Por un lado, Solanes ha acusado a la portavoz municipal del PSOE de “mentir descaradamente a la opinión pública y no querer enterarse de la situación económica real del Ayuntamiento, para así poder trenzar el discurso que más le interes", enfatizando que "afortunadamente, nadie se cree ya” dicho discurso.
La edil niega que el equipo de Gobierno tuviese decidido subir los impuestos desde junio de 2022 y que "eso es absolutamente falso", recordando que "en doce años no solo no se ha incrementado la presión fiscal a los algecireños, sino que la ciudadanía recibe ahora más y mejores servicios”.
"Le hemos explicado hasta la saciedad en el seno de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal que se celebra cada semana, tanto los técnicos municipales como yo misma, los detalles del acuerdo alcanzado entre este Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda para hacer frente al pago de la deuda municipal que hemos heredado, precisamente, de manos de la señora Arrabal, entre otros dirigentes socialistas, pero por mucha información que le damos semana tras semana no quiere enterarse, e incluso se permite el lujo de cuestionar el trabajo del personal técnico", recalca.
Arrabal
Por su parte, Arrabal avanza que su partido ya ha registrado sus alegaciones a la “brutal” subida de impuestos municipales aprobada por el gobierno de Landaluce, que ocultó sus planes durante la pasada campaña electoral, y que convertirá Algeciras en una de las ciudades de España con mayor presión fiscal.
Para el PSOE, en las alegaciones se pone de manifiesto, entre otras cosas, que no hay ningún informe económico-financiero municipal que respalde la “necesidad y eficacia” ni tampoco la “proporcionalidad” de esta medida.
El PSOE plantea al gobierno municipal la puesta en marcha de otras “medidas” como bonificaciones, medidas correctoras que permitan “recaudar más sin castigar el bolsillo de las familias”, reclamar a la Junta “lo que nos corresponde de la PATRICA” y un nuevo PGOU.
