El centro penitenciario Botafuegos, en Algeciras es la prisión de España donde más teléfonos móviles se han incautado, con un total de 690 terminales durante los últimos cinco años, según denuncia el sindicato Acaip-UGT en un comunicado.
La entidad explica que las cárceles que ocupan las primeras posiciones en esa materia son las que albergan más internos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo.
Esta denuncia se produce después de que durante el fin de semana, los funcionarios hayan intervenido hasta diez móviles de última generación en celdas de internos de Botafuegos, explica el sindicato.
En la mayor parte de los casos coincide el “modus operandi”, que consiste en dobles fondos en la estantería ubicada en cada celda y empleando una fina lámina de madera pintada de blanco para confundirla con la pared.
Los teléfonos son objetos prohibidos en las prisiones porque “suelen ser utilizados por narcotraficantes, islamistas, bandas organizadas… para seguir dirigiendo actividades delictivas desde el interior de la prisión”, explican desde Acaip-UGT, que añade que “también se alquilan y cuando no se pagan las deudas se originan agresiones, amenazas, coacciones, etc. que finalmente terminan alterando el buen orden regimental y la convivencia ordenada y pacífica”.
La introducción o tenencia de teléfonos móviles en el interior de las prisiones, lamenta la entidad, “no tiene ningún tipo de relevancia a nivel penal; en el peor de los casos se puede imponer una sanción administrativa de privación de paseos hasta un máximo de 30 días”, por lo que “no hay miedo”, señalan.
A raíz de la pandemia de Covid, recuerda este colectivo, se incrementó el número de llamadas autorizadas hasta 15 por semana, e incluso se habilitaron cabinas para videollamadas, medidas que no han servido para frenar la entrada de móviles en la prisión, explica el sindicato.
Acaip-UGT subraya que “el máximo responsable de las prisiones españolas”, Ángel Luis Ortiz, es “consciente” de esta situación por la denuncias del propio sindicato, que añade que “todos los establecimientos penitenciarios del país” poseen “inhibidores de frecuencia obsoletos, incapaces de inhibir a la tecnología de última generación e incluso algunos equipos fuera de servicio”.
