El Defensor del Pueblo considera necesario seguir reduciendo en las prisiones la aplicación de medios coercitivos -como sujeciones mecánicas- con el uso de medidas alternativas, además de mejorar las condiciones del personal sanitario y de los psiquiatras y psicólogos clínicos.
Son algunas de las recomendaciones que hace el Defensor en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles (MNP) en el Informe Anual 2021, que la institución ha registrado este martes en el Congreso y el Senado.
El Defensor del Pueblo visitó 72 centros de privación de libertad en 2021 y formuló 899 resoluciones dirigidas a diferentes administraciones. También dirigió 255 recomendaciones, 618 sugerencias y 26 recordatorios de deberes legales.
Por lo que se refiere a las prisiones, la emergencia sanitaria por la covid-19 siguió condicionando su actividad, aunque se generalizó la vacunación de internos y personal.
No obstante, la institución detecta deficiencias en la asistencia sanitaria respecto a las condiciones en que desarrollan su trabajo el personal sanitario e insiste en la escasez de psiquiatras y psicólogos clínicos.
Destaca los avances en la atención de salud mental y prevención de suicidios en los centros dependientes de Instituciones Penitenciarias, aunque apunta que hay márgenes de mejora en los centros penitenciarios de Cataluña.
Respecto a las comisarías de Policía y comandancias de la Guardia Civil, la institución explica su interés porque las instalaciones cuenten con las máximas condiciones de seguridad y carezcan de elementos estructurales que puedan suponer un riesgo para la integridad física de las personas detenidas.
En este contexto, realizó una recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad para mejorar la seguridad de los 15 calabozos ubicados en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras (Cádiz), donde dos detenidos se suicidaron por ahorcamiento en 2020.
Además, tras una visita a la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao, realizó una recomendación para que se elabore un protocolo de actuación policial en el ámbito de esta policía autonómica para que haya una normativa específica en las intervención policiales con menores.
Sobre los centros de extranjeros, el Defensor recomienda a la Policía una instrucción para incluir un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de los internos, así como facilitar datos, como la edad de los extranjeros que ingresan en estas instalaciones, el tiempo de permanencia y la identidad de los solicitantes de protección internacional.
En 2021 visitó 28 lugares de privación de larga duración: 17 centros penitenciarios, 1 hospital psiquiátrico penitenciario, 7 centros de menores infractores y 3 unidades dedicadas atender a personas con problemas de salud mental.
En sus visitas a los centros de internamiento de menores infractores (CIMI), la institución ha vigilado el cumplimiento de la prohibición de contenciones mecánicas, así como los protocolos de prevención de suicidios, los partes de lesiones y los procesos de recepción e ingreso de los menores.
Según el Defensor, la pandemia ha tenido un efecto específico en la salud mental. Tras el desplazamiento a dos establecimientos de atención a personas con problemas de salud mental, expone la escasez de profesionales de psicología y el exceso de medicación de algunos pacientes y sugiere la necesidad general de mejorar la atención médica de los internos.
En 2021 el MNP supervisó seis operativos de repatriación de extranjeros, en los que se monitorizó la repatriación de 306 personas.
El número de extranjeros que fueron ingresados y repatriados desde los Centros de Internamiento de Extranjeros fue 821 (1.244 en 2020), en los que se presentaron 626 solicitudes de protección internacional, de las que 165 se admitieron a trámite. Asimismo, se identificó en los CIE a 11 menores.
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