El portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, ha dado a conocer que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Algeciras ha anulado el acuerdo plenario que ratificaba la contratación de la empresa Valoriza por parte del Ayuntamiento de San Roque, a través de un decreto de Alcaldía firmado por Juan Carlos Ruiz Boix, primer edil sanroqueño.
Fue el propio Mayoral quien recurrió al Contencioso Administrativo por entendía, al igual que su formación, que “no se puede convalidar ni ratificar” por parte del Pleno, “actos del alcalde que son nulos de pleno derecho por vulneración de la ley”, explica.
Del mismo modo, Mayoral expresa su sorpresa por la existencia de “un informe de la Secretaría General asombrosamente favorable”.
Todo ello motivó la denuncia del PIVG y “como esperábamos, la jueza ha fallado dándonos la razón y anulando el acuerdo del Pleno, por lo que la contratación realizada de la empresa Valoriza por el alcalde es nula de pleno derecho. La sentencia es recurrible, pero ya una jueza dice en sentencia que la contratación realizada por el alcalde es nula de pleno derecho”, indica Mayoral.
“Nunca estuvimos de acuerdo en contratar una empresa privada para reforzar la limpieza viaria y de colegios, desde que apareció una partida en el presupuesto”, recuerda el portavoz del PIVG, porque “según denunciamos en su día, era la estrategia del alcalde para evitar que la selección de personal para esos servicios fuese pública y fuese discrecional a realizar por la empresa, en la esfera de la contratación privada”.
“No contento con ello y para no dar ningún tipo de participación en el expediente a los grupos políticos de la oposición, que podrían recurrir el procedimiento desde la aprobación de los pliegos de licitación del servicio”, añade, “se nos dio cuenta de la adjudicación del servicio transcurridos más de un mes”.
Sostiene Mayoral que la información se les dio “incluso sin saber de forma definitiva a qué empresa se había adjudicado y ante la alarma de indignación en la población, al comprobar que, de forma masiva, las personas contratadas por la empresa sin ninguna publicidad por parte del Ayuntamiento, ni tan siquiera en AMDEL, departamento donde se publicitan todos los empleos disponibles en la comarca, eran familiares directos de los concejales del equipo de gobierno y allegados del PSOE.
“Estudiamos la contratación y comprobamos que el alcalde no era el órgano competente para esta contratación, sino que era competencia del Pleno, porque aunque estaba dentro del límite de los cuatro años establecidos para poder contratar directamente los alcaldes por decreto, por la cantidad del contrato -de más de 12 millones de euros- la competencia de la contratación era del Pleno”, explica el portavoz del PIVG.
“Ya anunciamos en prensa que recurriríamos esta contratación, además de solicitar la creación de una comisión de investigación de cómo la empresa Valoriza había realizado la contratación de personal”, recuerda Mayoral.
“Al percatarse de que llevábamos razón, abusando de que tienen mayoría absoluta y con un informe de la secretaria general asombrosamente favorable, cuando esta funcionaria debió informar en su día de que la competencia era del Pleno”, señala Mayoral, “llevaron al Pleno la convalidación y ratificación del decreto del alcalde” para “la adjudicación y contratación de la gestión del servicio a la empresa Valoriza, que por supuesto fue aprobado con su mayoría absoluta”.
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