Navarro, que presidió ayer la celebración del vigésimo aniversario de la creación del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), señaló que “cualquier persona que tenga sospecha de que se está produciendo un maltrato o un no buen trato, en este caso a unos menores, tiene la obligación inmediata de ponerlo en conocimiento de la fiscalía y de la justicia”.
Explicó que AI “no puede callarse durante seis meses, terminar de elaborar un informe, y ahora sacarlo a la luz y, además, escandalizarse de lo que supuestamente han visto” y reivindicó “de manera rotunda” el trabajo que cientos de profesionales están haciendo en Andalucía y en el resto de España en estos centros de menores.
Aseguró que si existe alguna actuación que no sea correcta “también hay mecanismos para ellos” y enfatizó que “no se puede poner en entredicho de manera permanente el sistema de protección de menores ni la actuación de esos equipos de profesionales de manera permanente”.
“No quiero más informes que nos digan después de seis meses que han detectado situaciones que denuncian hechos gravísimos” enfatizó y añadió que “si tuvieron sólo sospecha, tenían la obligación de haberlo comunicado de manera inmediata a la policía o directamente al juez o al fiscal”.
AI difundió el pasado martes un informe sobre los “centros de protección terapéuticos de menores” en España, en el que se mencionan algunos casos relativos a Andalucía, donde destacaban que la “deficiente legislación” sobre el funcionamiento de los CPT –donde se ingresan menores con problemas de conducta y de adaptación y en riesgo de exclusión social– causa la “invisibilidad” de este problema y favorece abusos y violaciones de los derechos humanos que ni se investiguen ni se sancionan.
Por su parte, el PP-A calificó de “gran escándalo” la situación de los centros de protección de menores de Andalucía recogida en el informe de Amnistía Internacional y demandó la comparecencia urgente de la consejera de Igualdad, Micaela Navarro.
Esperanza Oña, portavoz del grupo del PP-A, denunció que los centros de menores en la comunidad están “privatizados” y que “no existe prácticamente ningún control” por parte de la Junta.
“Ni se valoran los conocimientos de las personas que trabajan en estos centros, ni sabemos de su cualificación profesional, por lo que vamos a exigir responsabilidades”, advirtió Oña, que pedirá la comparecencia de Micaela Navarro en el Parlamento.
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