Tras la información publicada ayer por este medio sobre una presunta persecución por motivos sindicales en la empresa RD Post, adjudicataria de los servicios postales de las distintas dependencias municipales del Ayuntamiento de Cádiz, la Central Sindical de Autonomía Obrera ha querido denunciar “los mecanismos rastreros y de persecución que está utilizando” la citada empresa “contra los trabajadores subrogados del servicio, que anteriormente eran los miembros de la cooperativa Numen, con más de 25 años prestando ese mismo servicio y en el cual nunca hubo ningún problema”.
El empleado, ahora despedido, denunció los continuos incumplimientos e irregularidades laborales en salarios, jornadas, sanciones, prevención y riesgos laborales y de vigilancia de la salud, con las correspondientes denuncias ante la Inspección de Trabajo, así como los continuos incumplimientos delSegún Autonomía Obrera “esta persecución se ha producido porque la empresa los ha considerado unos enemigos en potencia”.
Para el sindicado “esa despreciable actuación la han enfocado principalmente contra un miembro del comité y delegado de Autonomía Obrera, por la labor sindical que ha venido realizando desde que la empresa se hiciera con el servicio”.
El citado empleado, denunció los “continuos incumplimientos e irregularidades laborales en salarios, jornadas, sanciones, prevención y riesgos laborales y de vigilancia de la salud, con las correspondientes denuncias ante la Inspección de Trabajo, así como los continuos incumplimientos del pliego de condiciones”.
La “inacción” de Tubío
Autonomía Obrera recuerda que se ha estado “informando a la responsable de la fiscalización de dicho contrato y concejala Eva Tubío, pero ante su inacción, la empresa optó por despedir al citado trabajador y delegado sindical que le estorbaba, principalmente por su acción sindical”.
“Lamentablemente la concejala Eva Tubio”, insisten desde la sección sindical, “con su proceder y su irresponsabilidad de no abrir el correspondiente expediente a esta empresa por sus continuos incumplimientos, ha provocado este despido”.
Autonomía Obrera exige al equipo de gobierno del Ayuntamiento que intervenga en este asunto y que “no permita que empresas de este tipo arremetan tan cobardemente contra delegados sindicales por el mero hecho de vigilar el cumplimiento del pliego de condiciones y denunciar las irregularidades laborales que están cometiendo”.
Además, en opinión de Autonomía Obrera, “Eva Tubio como concejala del área y máxima responsable del pliego, ha consentido con su pasividad y falta de implicación que esta empresa utilice mecanismos despreciables poniendo a detectives privados las 24 horas del día a un trabajador y delegado de personal para justificar un despido anunciado desde que éste comenzó a denunciar la primera de las muchas irregularidades”.
Cronología de un despido anunciado
El trabajador despedido era secretario de la Sección Sindical de Autonomía Obrera y posteriormente fue designado delegado de Personal en la empresa Recerca I Desenvolupament Empresarial S.L. (RD Post), la cual inició su contrato con el Ayuntamiento el 16 de septiembre de 2019.
Desde aquel día, “se han producido distintas irregularidades e incumplimientos laborales, los cuales fueron denunciados por el citado empleado”, actualmente despedido.
Ya el 23 de octubre de 2019 se denunció ante la Inspección de Trabajo “los retrasos en el abono de la primera nómina y el prorrateo de las pagas extraordinarias”. Además, “la empresa fraccionó el pago de esa primera nómina en cuatro partes durante todo el mes de octubre y comunicó a los trabajadores que habría retrasos en el cobro durante los tres o cuatro meses siguientes por la falta de liquidez”. Apenas había cumplido un mes desde que se adjudicó el servicio.
El 14 de enero de 2020 Inspección de Trabajo requiere a la empresa “el pago puntual de los salarios y el abono de las pagas extras en los meses correspondientes”.
Sanción con falta grave
El 27 de ese mismo mes, RD Post “sanciona con falta grave a tres trabajadores subrogados, entre ellos el citado delegado sindical, por incumplimiento de la jornada habitual”, y el 19 de febrero se retiran las sanciones tras un acto en el Sercla de conciliación previo a una demand.
Nuevos retrasos en el pago
En 5 de marzo se comunica al Ayuntamiento que “la empresa vuelve a abonar los salarios con retraso y fraccionándolos”. Ese día también se le comunica a la empresa y al Consistorio la carencia de una evaluación de riesgos laborales; formación en PRL; reconocimientos médicos; y póliza de seguro de invalidez y muerte”.
Tras las quejas de los trabajadores, se comunica a la empresa que “respete el cuadrante de vacaciones y que no se imponga a los trabajadores los periodos de vacaciones en el confinamiento” y además se le requiere que “cumpla con la normativa vigente sanitaria y de PRL ante la situación de COVID19”.
A finales de mes piden a la empresa que se acoja al Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo para proteger a los trabajadores y garantizar la estabilidad y el cobro de los salarios de los trabajadores ante la incidencia de la Pandemia. Se le pide a la concejala de Régimen Interior Eva Tubio “que actúe”.
Impugna el ERTE
Ese mismo mes, el delegado de personal presenta a la empresa un “escrito de impugnación del ERTE por fuerza mayor”. A su vez, el sindicato se lo comunica al Ayuntamiento, ya que “en ningún momento, por su parte, se ha comunicado a la empresa la suspensión del contrato”.
Días más tarde, informan al Ayuntamiento, que estando la empresa en ERTE, “está utilizando a la administrativa del centro para entregar las notificaciones urgentes que le sigue encomendando el Ayuntamiento”.
El 30 de marzo presenta una denuncia “en la Inspección de trabajo para que no se autorice el ERTE, al considerar que hay otros mecanismos más favorables para los trabajadores”.
Riesgos laborales
En junio se le comunica a la empresa que las mascarillas “incumplen la normativa” y “se le recuerda que está sin hacer la Evaluación de Riesgos Laborales”. Al hacer caso omiso, en agosto se denuncia dicha situación ante la Inspección de Trabajo.
Llega el 23 de noviembre de 2020 y la empresa decide “sin respetar la legislación laboral, de un día para otro, reducir la jornada”, al delegado sindical, aunque, tras la advertencia del sindicato, “rectificó en ese mismo día”.
Expedientes a la empresa
En diciembre “la Inspección de trabajo emite resolución comunicando a la empresa dos expedientes sancionadores: por no tener suscrita una póliza de seguro para la cobertura de incapacidad permanente absoluta y muerte de los trabajadores y por no haber proporcionado vigilancia de la salud (reconocimientos médicos) a sus trabajadores”.
Y así llega el pasado 3 de febrero de este mismo año, cuando se produce el despido del delegado de Personal. “Curiosamente”, señala el sindicato, “el expediente se basa en el informe de un detective privado que contrata la empresa con la intención de crear un argumento durante la baja del trabajador por dos espolones en el pie (la empresa equivocadamente habla de lesión de rodilla), que justifique el despido”.
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