Desde USTEA Cádiz exigen a la Delegación Territorial de Educación y, más concretamente, a la Junta de Andalucía, el cierre de los centros educativos de en la provincia durante “al menos tres semanas, medida que se prorrogaría dependiendo de la evolución de la situación epidemiológica”. Durante este tiempo la enseñanza se realizaría de forma telemática.
USTEA recuerda que siempre ha defendido que “la docencia presencial es insustituible, sobre todo porque la docencia telemática se deja a una parte del alumnado por el camino”. Pero “también hemos defendido que esa presencialidad debe darse con las máximas garantías sanitarias para alumnado, personal docente y no docente”.
Pero, según el sindicato, “esas garantías no se dan, fundamentalmente, porque durante esta pandemia la Consejería de Educación ha aprobado medidas que son sobre todo ‘cosméticas’, mientras desoía sistemáticamente a una comunidad educativa que planteaba demandas tan fundamentales como la bajada de la ratio, acompañada de un importante incremento de la inversión y las plantillas”.
Además, “a la ausencia de medidas realistas por parte de Consejería, incluso para la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad, hay que sumar la grave situación epidemiológica en la que se encuentra la provincia”.
Recordemos, en este sentido, que desde la Junta de Personal Docente no universitario de Cádiz, que preside USTEA Cádiz, se pidió que se retrasara la vuelta presencial a las aulas hasta finales de enero “ante una situación muy difícil por la coincidencia de una ola de frío intenso, una tercera ola de contagios que prometía ser superior a las anteriores, y una nueva cepa más contagiosa que llegaba a nuestra provincia vía Gibraltar”.
Una petición similar, por cierto, “a la que formularon municipios especialmente golpeados por la pandemia, como La Línea o Los Barrios. La respuesta, como es sabido, fue negativa”.
Sin embargo, frente al discurso público del gobierno andaluz sobre los centros educativos como “espacios muy seguros, tanto nuestra afiliación como el profesorado en general, así como numerosas familias, nos están haciendo llegar datos que apuntan a que la incidencia de la pandemia en las aulas está siendo muy preocupante”. Se trata de una situación que ya se denunció públicamente desde USTEA Cádiz la semana pasada, y que “no ha dejado de agravarse: centros en los que, además de muchas alumnas y alumnos, tienen confinada a la cuarta parte, tercera parte o la mitad de la plantilla docente, además de a personal de PAS, lo que hace su funcionamiento imposible, a lo que hay que añadir el cierre de varios centros”.
Denuncian, igualmente, “la inadmisible actitud del consejero de Educación, Javier Imbroda, hacia las familias de La Línea de la Concepción, donde la situación epidemiológica es especialmente dura”. Su respuesta a esas familias, “más del 90 por ciento, que están optando por no llevar a sus hijas e hijos a los centros educativos preocupadas por su seguridad ha sido la amenaza de apertura de expedientes de absentismo”. Así pues, “este consejero, pese a desoír a la comunidad educativa, no tomar medidas extraordinarias para la vuelta a las aulas y negarse a posponer la vuelta presencial, responde a la lógica preocupación de estas familias con intimidación y amenazas. Estamos, qué duda puede caber ya, ante uno de los políticos más nefastos que se han sentado en el Parlamento de Andalucía.”
Desde USTEA Cádiz defienden que “en la situación en las que nos encontramos la única opción posible es el cierre temporal de los centros educativos. Que esa medida nunca aparezca entre las que se proponen cada vez que se agrava la situación podría resultar sorprendente, si no fuera porque obedece a una lógica instalada en la sociedad: los colegios e institutos como los lugares donde dejar a hijas e hijos mientras se atiende a las ocupaciones sobre todo laborales. El cierre de los centros educativos conllevaría la paralización de la producción y por lo tanto de la economía, lo que lo convierte en una medida difícilmente asumible en un sistema que antepone la economía a la salud. Hay que contrarrestar públicamente esa lógica defendiendo que los centros educativos son espacios para el aprendizaje y la formación, no para facilitar la conciliación. El cierre o no de los mismos ha de decidirse exclusivamente en base a criterios pedagógicos y sanitarios”.
USTEA concluye dirigiéndose al “señor Delegado de Educación, señor Consejero de Educación, señoras y señores del gobierno de Andalucía: les instamos a cerrar temporalmente los centros educativos porque la situación epidemiológica es grave y ya no queda otra opción. A comienzos de curso se pidió al profesorado una programación por triplicado porque se contemplaba esta situación. ¿A qué están esperando? Si no lo hacen, serán las y los responsables de las graves consecuencias que puedan derivarse de su inacción y su negativa a escuchar a la comunidad educativa”.
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