Teresa Rodríguez espera que la Junta "no esté favoreciendo a la industria farmacéutica"

El actual gobierno de la Junta de Andalucía, compuesto por el Partido Popular, Ciudadanos con el apoyo de Vox, puso fin a la subasta de medicamentos, lo que supondrá una pérdida de 250 millones de euros para las arcas públicas andaluzas y un ‘regalo’ para las empresas farmacéuticas, y eso a pesar de que el propio presidenta de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciara la continuación de ese sistema pero con algunas modificaciones que partirían de una reforma de la Ley de Farmacia de Andalucía de 2007.

Sobre el fin de este modelo habló la parlamentaria andaluza no adscrita y líder de la corriente anticapitalista en Andalucía, Teresa Rodríguez, quien lamenta que se haga esta apuesta en lugar de “financiar debidamente la sanidad pública andaluza”, cuyas deficiencias han salido a la luz debido a la incidencia de la pandemia de coronavirus.

Teresa Rodríguez espera que “con este cambio la Junta de Andalucía no esté favoreciendo a la industria farmacéutica en detrimento de los andaluces y andaluzas” y es que, en su opinión, “las administraciones deberían controlar los oligopolios, no favorecerlos”, como parece que ocurre con el fin de la subasta de medicamentos que reportará pingües beneficios a la industria farmacéutica.

Por ello, a la diputada andaluza le habría parecido mucho mejor “aumentar la presencia de lo públicoen la investigación farmacéutica, cada vez más podemos comprobar que es beneficioso para la ciudadanía y así lo exigimos”.

Por último, en opinión de Teresa Rodríguez, el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla “debería centrarse más en financiar debidamente la sanidad andaluza en lugar de colgarse medallitas que no sabemos el coste que tendrán”.

Cabe recordar que como informó este medio, “en la puesta en escena de la eliminación de la subasta de medicamentos no había ningún representante de los diferentes colegios de médicos de Andalucía y sí de Farmaindustria y Aeseg”. No son pocas las voces que afirman que “la abolición del sistema de subasta supondrá un duro golpe a la sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, entre otras cosas, porque también se ha prescindido del paciente”. Fuentes consultadas aseguran que “con el cambio de sistema el poder de elección del medicamento recae en gran medida en los farmacéuticos, verdaderos ganadores de esta maniobra, y sólo en escasísimas ocasiones, el paciente podrá tener voz y voto a la hora de elegir el fármaco”.

A todo ello hay que insistir en que el fin de la subasta de medicamentos supondrá una pérdida de ingresos de 250 millones de euros (más de 41.500 millones de las antiguas pesetas, por ponerlo en perspectiva) para la Junta, dinero que estaba garantizado con el mantenimiento del modelo anterior. Ese dinero que se deja de ingresar supondría aproximadamente la vacunación sin coste al erario público de toda la población andaluza con el remedio más caro del Covid-19. También daría para pagar la reforma del Hospital Militar de Sevilla, la apertura de casi una decena de hospitales de alta resolución por no hablar de los refuerzos y contrataciones en las plantillas de médicos y enfermeros o el fin de la precariedad de los contratos del sector, que podrían haber sido convertidos en indefinidos.

Y es que, como se destacaba con anterioridad desde fuentes fidedignas del sector sanitario, "parece que sólo prima el interés de la industria farmacéutica, cuyo lobby formado por las compañías son las que han luchado por eliminar las subastas para obtener unas condiciones y descuentos que lees benefician sobremanera. Hasta ahora, el precio del medicamento nunca había sido más bajo para el paciente andaluz respecto a cualquier paciente del resto de España. Este descuento, que hasta ahora se lo llevaba la Junta de Andalucía, va a ir a parar ahora a manos de los farmacéuticos, cuando es la administración quien paga la factura farmacéutica durante la subasta".

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