La Junta de Personal Docente de Cádiz ha expresado su "absoluto rechazo" a la actual política de conciertos de la Junta de Andalucía, que consideran "un ataque feroz y continuado" a la Educación Pública, en favor de la concertada.
"No podemos cerrar los ojos ante este desmantelamiento y privatización encubierta de un servicio público que arropa a un derecho irrenunciable como es el Derecho a la Educación", señala en un comunicado hecho público hoy la Junta de Personal Docente no Universitario, integrada por representantes de los sindicatos ANPE, CCOO, CGT, CSIF y USTEA.
Explican que en los últimos años el sistema de enseñanza privado concertado "no ha cesado de crecer", especialmente en capitales y ciudades de Andalucía, como es el caso de Cádiz, donde la enseñanza pública "no supera ya el 40 % de las plazas ocupadas".
"Desde el curso escolar 2015-16 al actual se han suprimido 2.127 unidades de Infantil y Primaria, de las cuales 2.050 pertenecían a la Enseñanza Pública frente a 27 de la concertada", afirma la Junta.
Por ello subrayan que "la polémica suscitada por la llegada de la Lomloe y sus supuestos ataques a la Educación Privada Concertada no puede estar más fuera de la realidad" y sostienen que "las acusaciones de agravio son insultantes para quienes conocemos la verdadera realidad".
La Junta de Personal asegura que "seguirá velando" por la Educación Pública "como la única capaz de garantizar la igualdad de oportunidades para todos y todas, garantía de una sociedad más libre, plural, justa y feliz" frente "a quienes quieren convertirlo en un negocio al servicio de ideologías y sectores con intereses económicos".
Recuerda que este año interpuso una denuncia ante la Fiscalía por, entre otros motivos, la vulneración de la ratio en las aulas públicas gaditanas.
"Durante el curso escolar 2020-21, en plena pandemia, se han suprimido 568 unidades públicas en toda Andalucía", 121 de las cuales corresponden a la provincia de Cádiz (35 en Educación Infantil y 86 en Primaria), la más afectada junto con Sevilla,
Explican que el servicio de planificación ha informado este mes "su intención de recortar nuevas unidades para el curso próximo en Infantil de 3 años, ante la brutal caída de natalidad", que hace que este curso haya 600 alumnos menos que el pasado.
El recorte "recaerá una vez más exclusivamente en los centros públicos, ante el blindaje que suponen los conciertos".
Anuncia también que presentará mañana miércoles un recurso de alzada contra el decreto de escolarización que entrará en vigor el próximo curso y que supone "el refuerzo de los centros privados concertados" de estudios de Bachillerato y FP al facilitar las adscripciones a ellos de los centros de secundaria que no ofrecen esta formación.
"Consideramos un atropello estas adscripciones, al tratarse de estudios no obligatorios, que solo esconden la necesidad de la escuela concertada de solucionar su pérdida de alumnado a causa del descenso demográfico y salvarse gracias a la llegada de alumnado de otras enseñanzas (Bachillerato y FP)", apuntan.
Aventuran que "esta salvación se realizará desde el expolio a la Educación Pública, que verá una vez más reducidas sus unidades y líneas tras los recortes en Infantil y Primaria, ahora, en las enseñanzas no obligatorias de Bachillerato y FP.
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