El PP ha presentado una moción al Pleno de la Diputación de Cádiz de este miércoles mostrando el rechazo a la 'Ley Celaá', instando al Gobierno de España a "volver al Pacto Constitucional en materia educativa" y a la Institución Provincial a apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el PP.
En la moción, el PP pide que se inste al Gobierno a "respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad".
Asimismo, pide respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
En la moción, el PP también pide adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación, así como extender la gratuidad a las etapas post obligatorias (Bachillerato y Formación Profesional) y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita,
garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.
Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades, es otra de las demandas del PP en su moción, además de incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países del entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo.
Igualmente, el PP insta al Gobierno a respetar los cuerpos nacionales del profesorado, implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades, y avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo.
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