13.165 hogares gaditanos ya tienen reconocido el nuevo derecho al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Para continuar agilizando la tramitación de esta prestación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se está reforzando a través de la contratación de nuevos interinos, que se están incorporando entre esta semana y la que viene.
El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, ha destacado que “el IMV es el mayor avance social que nuestro país ha experimentado en mucho tiempo. Estaba previsto aprobarlo a lo largo de la legislatura, habiéndose adelantado con el objetivo de paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Se trata de un proceso complejo que, como tal, se encuentra en pleno periodo de puesta en marcha”.
En este sentido, ha hecho hincapié en el compromiso de los empleados públicos del INSS “que están trabajando sin descanso y de manera muy minuciosa para que la prestación llegue lo antes posible a los beneficiarios y para que no se produzcan errores en la tramitación. De ahí la importancia de que se vean reforzados con nuevas incorporaciones”.
Del mismo modo, ha recordado que, una vez reconocido, el IMV se percibe con efecto retroactivo desde el 1 de junio. A esto se une que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ampliado hasta el 31 de diciembre el plazo de presentación de solicitudes.
Actualmente, en la provincia gaditana, la prestación se ha reconocido a más de 8.500 solicitantes, a los que hay que sumar los 4.665 que en junio recibieron de oficio el primer pago de oficio su derecho. El número de expedientes totales válidos, eliminando los duplicados, es de 41.930. De ellos, se han resuelto 16.201, resultando denegados 7.708.
De este modo, Cádiz es una de las provincias en las que hay más solicitudes y donde se están resolviendo más expedientes. “Es un proceso complicado en el que la Administración está poniendo todos los medios a su alcance”, asegura José Pacheco.
La renta media garantizada a través de esta prestación es de 10.070 euros al año por hogar. “El IMV representa toda una política social ya que busca reducir el nivel de pobreza, pero va más allá, puesto que persigue acabar con la exclusión garantizando una mejora real de oportunidades sociales y laborales de las personas beneficiarias, incluyendo estrategias para el acceso al empleo y la formación”, ha concluido el subdelegado del Gobierno.
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