La Fiscalía de Cádiz presentó a lo largo del año 2019 un total de 1.832 escritos de acusación por delitos relacionados con la violencia de género. El número de sentencias condenatorias fue de 738, de las que 518 se dictaron con conformidad del acusado. No obstante, llama la atención de que en 32 casos de las 738 sentencias condenatorias se aplicó la agravante de reincidencia, lo que significa que se está ante hombres que previamente y en tiempo no muy lejano han cometido al menos otro delito de la misma naturaleza.
En la memoria anual de la Fiscalía del año 2019, recogida por Europa Press, señala que en el ámbito Penal la Fiscalía de Cádiz incoó un total de 37.471 diligencias previas, 6.338 diligencias urgentes calificadas 7 5.587 procedimientos abreviados.
En cuanto a delitos contra la libertad sexual, las diligencias previas incoadas en Cádiz y Ceuta ascendieron a 420, las acusaciones a 102 y las sentencias condenatorias a 122.
Sobre delitos por violencia de género, la Fiscalía señala en su memoria que no tuvo lugar ninguna acusación por delito consumado o intentado de homicidio o asesinato. Solo se ha registrado la incoación de una causa por tentativa de homicidio, aunque llama la atención la aplicación del agravante de reincidencia en algunos de los condenados por este delito, en algunos contra la misma mujer.
En cuanto a delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, la Fiscalía de Cádiz informa en la memoria de que en 2019 se incoaron 8.971 diligencias previas en la provincia. Las acusaciones han sido 2.095 y las sentencias condenatorias 1.487, lo cual "no se aleja de las cifras que durante la última década se han constatado". Asimismo, Fiscalía destaca que es altísimo el número de delitos y faltas de estafa cometidos a través de Internet.
Por otra parte, según refleja la fiscal delegada de siniestralidad laboral, Blanca Martina Marín, en el año 2019 se incoaron 29 diligencias de investigación (por 22 en 2018), de las que 128 terminaron con la presentación de la oportuna denuncia o querella. El número de escritos de calificación realizados en el año 2019 por el Ministerio Fiscal ha sido de 18, por 15 en el año 2018, manteniéndose idéntico el de sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal, que dictaron 23 y solo cuatro la Audiencia Provincial.
MEDIO AMBIENTE
La Fiscalía de Cádiz señala que durante 2019, a diferencia de los años precedentes, se ha producido un descenso en el número de procedimientos judiciales incoados objeto de esta especialidad, principalmente por la reducción del número de delitos en materia de
ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente. Por el contrario, sube el número de procedimientos por delitos contra fauna y flora, de incendios y de maltrato animal.
En este sentido, la Fiscalía de Cádiz indica que siguen incrementándose los procedimientos por delitos contra la flora y la fauna, destacando los incoados en el Campo de Gibraltar relativos a la incautación de angulas, los derivados de DIP relativos a la electrocución de un Ibis Eremita y la tendencia de aumento de denuncias por maltrato a animales domésticos.
En cuanto a la ordenación del territorio, afirma que sigue siendo el bien jurídico sometido a los más intensos ataques, provenientes tanto de urbanización ilegal aislada como de la realizada de forma masiva omitiendo todo acatamiento a la normativa urbanística. No obstante, se ha producido un importante descenso en el número de diligencias previas incoadas, pasando de 133 a 66.
Pese a ello, señala la Fiscalía, el número de sentencias dictadas en materia de urbanismo ha aumentado en cinco y casi todas las construcciones ilegales que son objeto de investigación en los procedimientos judiciales, han sido previamente objeto de un procedimiento de disciplina urbanística incoado por el Ayuntamiento o por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Asimismo, la Fiscalía llama la atención de que ya es tradición de práctica judicial en la materia que pese a que casi todas las sentencias dictadas son condenatorias ello no conlleva casi nunca que se realice la demolición, siendo esta la que realmente garantizaría la reparación del daño causado al bien jurídico protegido, y es la medida de mayor efecto disuasorio para la comunidad. Además, en el caso de acordarse la demolición, sigue existiendo una gran dilación en la ejecución de las mismas.
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