Mientras el Gobierno de la nación establece como eje central de su actuación, ante la grave situación económica derivada de la crisis sanitaria del Covid 19, el diálogo social y el pacto de reconstrucción, y a semejanza del mismo, diputaciones como la de Soria, o las de Granada o Huelva, en Andalucía, han iniciado mesas de trabajo para elaborar pactos provinciales con los agentes económicos y sociales, la Diputación de Cádiz, ante uno de los peores escenarios económicos de nuestra provincia, responde con un lote de subvenciones para asociaciones empresariales y sindicatos, que, en el pasado, y según la propia Intervención de la Institución, resultaron ineficaces y con un impacto ridículo en la solución de problemas reales socioeconómicos del territorio.
En la provincia de Cádiz, el diálogo social o las mesas de concertación para trabajar en una estrategia que dé respuesta a la dura situación económica, tanto de trabajadores (más de 91.000 en ERTE) como de las pymes y autónomos (cientos de cierres de pequeñas empresas y negocios), se resuelven con subvenciones a las estructuras de asociaciones empresariales y sindicatos de la provincia, haciendo dejación de responsabilidades públicas ante una situación histórica de dificultad sin antecedentes, y se lava las manos como Pilatos.
Situación de partida
En febrero de este año, antes de la crisis sanitaria, la Intervención económica de la Diputación realizó un informe de control financiero sobre el plan estratégico socioeconómico de subvenciones de la institución provincial, desde 2017 hasta 2019, convertido fundamentalmente en subvenciones nominativas por valor de 3.555.125 euros a la Confederación de Empresarios de Cádiz.
Este control financiero es extremadamente concreto en cuanto a sus conclusiones y recomendaciones, donde cuestiona con datos y análisis claros el modelo de subvenciones nominativas a las asociaciones empresariales, y singularmente a la Confederación de Empresarios de Cádiz, por la falta de definición de objetivos, incumplimiento de plazos, falta de garantías de concurrencia y transparencia de los fondos públicos gestionados por la CEC, irregularidades en la justificación de los mismos, riesgo de solapamiento de subvenciones otorgadas a esta organización por áreas de la Diputación y su organismo autónomo IEDT, anticipos excesivos de financiación sin garantizar la ejecución de las actuaciones previstas y, lo más importante, de forma injustificada se traslada la responsabilidad de atender las necesidades de los ciudadanos de la provincia a organizaciones empresariales mediante subvenciones a las mismas, haciendo dejación de sus funciones como institución pública, cuestionando su capacidad, eficacia y eficiencia, en la ejecución directa de los fondos públicos destinados a dar respuesta a los problemas socioeconómicos de esta tierra.
Podría pensarse que con este análisis y recomendaciones realizadas por el control financiero de los pasados años, y ante una situación presente aun más crítica como consecuencia del parón económico de la provincia, la Diputación reconsideraría su estrategia para el futuro, pero nada más lejos de la realidad, más bien al contrario. Elude todas las recomendaciones y las dificultades actuales de esta provincia, más críticas que la del periodo analizado, y vuelve a una política descoordinada, ineficaz, irresponsable, con indudables riesgos para la aplicación de fondos públicos a las necesidades socioeconómicas de la provincia de Cádiz, incluso con subvenciones a las organizaciones empresariales con anticipos generosos de financiación firmando convenios con el área de coordinación y desarrollo estratégico y también con el IEDT, que bien podría denominarse área de descoordinación, ya que establece una disfunción en la propia institución dividiendo los recursos entre este área y el IEDT para los mismos objetivos y beneficiarios, o sea más subvenciones, por dos vías, para las organizaciones empresariales (CEC) y sindicatos.
El futuro que nos espera
Cabe pensar que de la irresponsabilidad de nuestros agentes económicos y sociales y la Diputación de Cádiz, no podemos esperar una respuesta diferente ante un escenario tan distinto y crítico como el actual.
Porque, ante lo extraordinario del momento, vuelve a aprobar, en pleno telemático, el 8 de mayo, con nocturnidad y alevosía, y con el voto favorable de todas las fuerzas políticas y la abstención de Cs y el PP, un nuevo paquete de subvenciones a las organizaciones empresariales. No se constituye como en otras provincias una mesa de concertación con los agentes económicos y sociales y todas las fuerzas políticas para trabajar en un gran pacto por la recuperación de la provincia de Cádiz, a diez años vista. ¿Por qué los ciudadanos de Cádiz debemos perder otro tren hacia el futuro?
Para Cádiz esta crisis podemos convertirla en una gran oportunidad VERDE, capaz de estar preparada para cambiar nuestro modelo productivo y económico, teniendo en cuenta la economía circular y transformando nuestro modelo turístico desde la sostenibilidad e innovación, la digitalización de nuestro sector empresarial con ayudas directas a nuestros comercios de proximidad, restauración y servicios. Nuestras pymes y autónomos necesitan ayudas directas de Diputación para su sostenibilidad en un futuro distinto y nuestras industrias estratégicas debieran ser impulsadas con alternativas sostenibles por nuestras instituciones, capaces de transformarlas con los nuevos fondos de recuperación económica europeos y el nuevo marco financiero de la UE de 2021-2027. Tenemos que tener un proyecto de futuro para la provincia de Cádiz, concertado y singular, para obtener la complicidad del Estado y garantizar la financiación europea necesaria para ejecutarlo.
¿Para cuándo una estrategia energética pública renovable en un territorio con las mejores potencialidades para ello? ¿Para cuándo una estrategia para generar industrias capaces de fabricar tecnología en el sector energético verde? ¿Para cuándo Navantia fabricará soporte para torretas eólicas marítimas, no para el Reino Unido, sino para nosotros y el debate de las posibilidades de los parques eólicos marítimos? ¿Para cuándo un acuerdo con la Universidad de Cádiz para investigación y desarrollo de tecnologías capaces de generar una industria innovadora para nuestra provincia? ¿Para cuándo apoyar un sector primario ecológico y sostenible y con valor añadido? ¿Para cuándo una política medioambiental y de digitalización que genere un nuevo modelo turístico singular, único, verde y de destino smart?
¿Para cuándo evaluar nuestro modelo de cuidados de los mayores y ofrecer una alternativa segura y eficaz y de calidad? ¿Para cuándo actuaciones de inclusión de los colectivos más vulnerables para no dejarlos atrás ante la dificultad de emergencia social? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para adaptar a nuestros trabajadores a los nuevos retos de la digitalización, el teletrabajo o la economía verde?
Tenemos en el horizonte fondos europeos, tenemos potencialidades únicas, pero también tenemos una clase política y agentes económicos y sociales que como siempre van tarde, son incapaces o simplemente no quieren salir de su zona de confort.
Esta provincia necesita más que nunca que se pongan las pilas, que trabajen unidos, no para mirarse el ombligo, sino para construir un futuro lleno de oportunidades para Cádiz.
Los municipios cuentan, y ellos deberían impulsar y convencer al instrumento público provincial, con dos mil funcionarios, para empezar a trabajar en un pacto desde la unidad y el convencimiento de que no tenemos tiempo que perder.
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