La firma Bayport, empresa de suministros y servicios a embarcaciones, no se trasladará a la capital gaditana tal y como estaba previsto. Finalmente ha rechazado la adjudicación de la nave en la antigua Altadis denunciando el mal estado de la misma. La empresa le propuso el problema a Zona Franca y planteó que fuera el Consorcio el que se hiciera del coste de la adecuación de la nave.
Fuentes de Zona Franca señalan que esta oferta pública, que salió en julio del pasado año, “se elaboró con una renta mínima de 232.231 euros anuales y con la salvedad de que había que hacer una obra estimada en 1 millón de euros que afrontaba la empresa adjudicataria a cambio de una mejora en la renta, concretamente en periodos de carencia”.
Hay que destacar, además, que las bases de esta oferta pública conllevaba una inspección pormenorizada del inmueble y de las especificaciones técnicas mínimas de la reparación por parte de los técnicos competentes que designara el licitador y antes de la presentación de la oferta. En esta línea, también preveía la oferta “la elaboración de un contrato de reserva por el que la empresa adjudicataria, previo abono del importe establecido, tenía seis meses para comprobar el estado de las naves y solicitar las licencias oportunas”. Es decir, transcurridos los seis meses, se debía formalizar el contrato si bien podía ser ampliable por causas justificadas por mutuo acuerdo de las partes.
En noviembre, Bayport fue adjudicataria de la oferta pública en las condiciones publicadas, asumiendo todas las premisas recogidas en esta: renta, contrato de reserva y ejecución de la obra con sus correspondientes aplicaciones en la renta. Sin embargo, en diciembre informan desde la empresa de que quieren cambiar las condiciones de la oferta pública alegando un informe técnico que incluye que hay problemas estructurales. El Consorcio encarga también un informe a una empresa experta en estructuras donde se evidencia que en las condiciones actuales y “en el caso particular de una carga uniforme sin más limitaciones, la pretensión de uso de la estructura para la carga prevista sería totalmente viable”.
No obstante, “y siempre con el objetivo de favorecer la implantación de tejido empresarial en la ciudad”, el Consorcio accedería a hacer frente a la obra necesaria, presupuestada en 1,5 millones de euros. Zona Franca apunta que “al suponer este hecho una modificación de las condiciones de la oferta pública existente, se tendría que volver a sacar de nuevo el procedimiento administrativo”.
Desde el Consorcio señalan que “en todo momento se ha atendido a la empresa y al proyecto con la ilusión y celebración de la instalación de un negocio así en nuestro recinto, y en la oportunidad de seguir comercializando las naves de Altadis para la dinamización de la ciudad”. Añaden que la comunicación con la empresa ha sido “fluida y colaboradora con vistas a llegar al mejor entendimiento para la instalación en el recinto; pero siempre sin olvidar los procedimientos administrativos que tenemos como Administración Pública y los criterios de viabilidad y sostenibilidad que nos obligan a velar por los intereses públicos y que hacían inviable, por ejemplo, atender a las peticiones de bajadas de rentas en más de 50 % por parte de Bayport, ya que esos precios no estarían en rango de mercado”.
Finalmente recuerdan que los importes con los que trabaja Zona Franca no sólo están en rango de mercado sino que tienen beneficios adicionales que no hay en otros suelos industriales: “ventajas fiscales y aduaneras inherentes a un recinto fiscal –además de las condiciones de seguridad- que otorgan valor añadido y competitividad a operar desde estos suelos”.
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