La portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha denunciado este martes que la Junta de Andalucía ha pagado a Clínicas Pascual en los últimos dos años “un 25 por ciento más de lo que la empresa justifica por actividad”, es decir que un 25 por ciento de lo que está ingresando Pascual de dinero público es “a cambio de nada”.
Según ha señalado Nieto, Pascual ha ingresado 95,2 millones de euros de la Junta de Andalucía por el período que va de junio de 2018 a junio de 2019, “en el cual únicamente justificó 75,6 millones de euros”.
Del mismo modo, la empresa había justificado 71,31 millones de euros de junio de 2017 a junio de 2018, pero ingresaría 95,2 millones de euros de la administración andaluz. Nieto ha subrayado que “la Junta de Andalucía tiene establecida una tarifa plana por la cual el operador privado se garantiza los ingresos, haga o no todo lo que tiene concertado con la Junta de Andalucía”.
De hecho, ha señalado Nieto, “no lo hace”. La portavoz parlamentaria de Adelante ha incidido en que “un 25% de lo que está ingresando Pascual de dinero público es a cambio de nada”. Según Nieto, “en el peor momento de la sanidad pública en Andalucía, con los mayores retos por delante, con escasez de recursos y personal, tenemos unas clínicas privadas que se llevan un euro de cada cuatro que reciben del SAS por no hacer nada”.
Para la también portavoz de Salud del grupo, se trata de una situación “inaceptable” y ha apuntado que “no se puede consentir que sobre esa base se haga una ampliación y se negocie para el año que viene un nuevo concierto en el que siga detrayendo fondos públicos imprescindibles para el SAS cuando lleva dos años facturando un 25 por ciento menos de lo que tenía concertado, pero cobrando como si lo hubiese hecho al cien por cien”.
Por su parte, Marea Blanca Gaditana denuncia la gravedad de esta decisión de la Junta. “La Junta afirma que sólo se trata de un cambio en el “módulo de citación”, una supuestamejora administrativa. Pero eso no es cierto. Estas personas, cuando ahora necesitan ser atendidos para la mayoría de las enfermedades, tienen que acudir prioritariamente a centros de medicina privada Pascual; la posibilidad de ser derivado a los centros de la Sanidad Pública, como antes ocurría, está oficialmente dificultada, cuando no impedida en la práctica. Una primera conclusión es que a 280.000 gaditanos se les dificulta/impide el tomar por ellos mismos, de acuerdo con su médico de cabecera, la decisión de donde quieren ser atendidos y tratados de sus dolencias".
Pero este no es el único derecho de la población que resulta mermado por la Orden de la Junta. "Al adoptar la medida de conferir el estatus de Áreas de Referencia a los centros de medicina privada Pascual, la Junta asume que estos centros poseen la capacidad para resolver la mayoría, si no todas, las enfermedades derivadas. Es más, ya que con el nuevo sistema de citación, el acceso a los centros de la Sanidad Pública resulta dificultado/restringido, hay que concluir que, según la Junta, la calidad asistencial de los centros de medicina privada Pascual y los centros de la Sanidad Pública es similar".
"Es posible que la Junta quiera descargar su responsabilidad en este tema, aduciendo que el vigente concierto con Pascual es obra del gobierno anterior". Marea Blanca ya manifestó entonces (2018) que el gobierno anterior hizo mal al suscribir este acuerdo. No obstante la Orden del cambio de referencialidad la ha dado el gobierno actual, por lo que él es el único responsable de los hechos actuales.
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