La incertidumbre sobre el uso de las playas esta temporada estival por las restricciones sanitarias, las altísimas temperaturas registradas en el mes de mayo y la presencia de niños en casa por la suspensión de las clases escolares presenciales por el confinamiento han convertido las piscinas en un húmedo y refrescante objeto de deseo.
El teléfono de Bartolomé Chaves, responsable de Barmeagua, en Chiclana, no ha dejado de sonar desde el pasado día 11, justo al inicio de la desescalada. Esta semana agotó el stock de piscinas portátiles y accesorios. Los pedidos tardan entre tres y cuatro semanas. Y una piscina de nueva construcción estándar, de 8x4, con un precio de en torno a los 14.000 euros más IVA, no está lista antes de los quince días. Ahora, cuenta, tiene “cuatro entre manos y otras tres en cola”, un 50% más de encargos que los que atendió el año pasado por estas fechas y que obliga a la decena de empleados y a la firma subcontratada a trabajar a destajo en la actualidad.
“Las circunstancias excepcionales han adelantado todo el trabajo un mes”, explica José Gallardo, cuya empresa, Transporte Cañonate, también en Chiclana, comenzaba a atender el pico de demanda de agua para piscinas justo tras la Feria de San Antonio, a mediados de junio, no solo en la localidad, sino en prácticamente toda la Bahía.
La locura por darse un chapuzón ha llevado a que incluso se haya disparado la compra online de piscinas hinchables más de un 220%, según un estudio del comparador de precios idealo.es, al tiempo que ha disminuido su precio un 25%. “Es una opción ideal para los más pequeños”, señala en una nota de prensa distribuida a los medios este viernes, por lo que la adquisición de piscinas infantiles, apunta el portal, se ha incrementado un 546%. Los expertos, no obstante, piden recordar que la media de carga que aguanta la estructura de la vivienda suele estar en 350 kilos por metro cuadrado. La revista Consumer advierte de que, con 40 centímetros de profundidad, el peso por metro cuadrado superaría, con 400 kilos, el límite máximo.
El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz, por su parte, ha recibido un aluvión de consultas sobre la apertura de las piscinas comunitarias. El presidente de la entidad, Rafael Trujillo, considera “complicado, pero no imposible”, que puedan ofrecer servicio este verano porque, apunta, “hay confusión y dudas jurídicas” sobre el cuándo y el cómo hacerlo. La orden SND/414/2020 para la aplicación de la fase 2 del plan para la desescalada, señala, no resuelve las cuestiones pendientes.
Por el momento, no hay límite para las piscinas de comunidades con menos de 20 propietarios; para las demás, el Ministerio de Sanidad establece un aforo máximo permitido del 30%. Sin embargo, la mayoría de las comunidades de propietarios no disponen de ningún sistema de control del aforo. “La norma obligaría a que aquellas comunidades de propietarios con piscina con menos de 200 metros cuadrados que no precisan de contratar a un socorrista, tengan ahora que contratar a alguien para vigilar el número de personas que hagan uso de las instalaciones, a los que habrá que pagar al menos 8 euros por hora de trabajo”, explica.
Por otro lado, la orden ministerial obliga a que, para acudir a la piscina, se obtenga cita previa y se organicen turnos, fuera de los cuales no se podrá acceder. Trujillo también considera estas condiciones de difícil cumplimiento porque la mayoría de las comunidades de propietarios carecen de personal o de un teléfono y ni siquiera se pueden reunir aún las juntas generales, ni siquiera de manera virtual, para acordar los horarios.
Finalmente, en las zonas de estancia comunes, se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios. Esto, junto a la reserva para acceso y paso tanto al vaso de la piscina como a los vestuarios, reduciría tanto el espacio que el aforo real puede ser muy inferior al obligatorio, lo que dispararía los costes del servicio en proporción al número de usuarios.
Trujillo remarca que no solo habrá que costear la contratación del personal, sino también la desinfección de las instalaciones al menos tres veces al día, porque el incumplimiento de las normas, dado el riesgo de contagio, puede tener responsabilidades civiles y penales. Y, ante la necesidad de aportar más recursos económicos, advierte de que en los dos últimos meses se nota ya un ligero incremento en la morosidad entre los propietarios.
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