Los ayuntamientos que forman parte del Consejo de Alcaldías recibirán esta semana un borrador del plan de emergencia social diseñado y financiado por Diputación, que contará con una cuantía de alrededor de un millón de euros. Además, la Diputación rediseñará los presupuestos del año 2020 y utilizará el 20 por ciento de superávit para desarrollar medidas que afronten la situación de la crisis provocada por el coronavirus.

La sesión de este foro se ha desarrollado mediante videoconferencia con la participación de los alcaldes y alcaldesas de 40 localidades: de los 30 municipios con menos de 20.000 habitantes, más las diez entidades locales autónomas.

Según ha explicado la presidenta de la Diputación, Irene García, el plan de emergencia compensará los gastos corrientes contraídos por los ayuntamientos desde la entrada en vigor del estado de alarma. Se consignará como un fondo incondicionado que en la práctica permitirá una justificación muy abierta para los ayuntamientos, para, entre otras cosas, podrá cubrir gastos de limpieza e higiene, compra de productos de desinfección, bolsa farmacéutica, provisión de ropa, adquisición de equipos de protección, gastos de alojamiento y dietas de personal de Protección Civil.

En definitiva, responderá a las necesidades de liquidez que evidencian las entidades locales, respetando su autonomía y capacidad de organización, ha explicado la presidenta.

Irene García ha anticipado que este programa de emergencia distribuirá su presupuesto en cuatro grupos, conforme al siguiente desglose poblacional: localidades menores de 1.500 habitantes; de entre 1.500 y 5.000; de 5.000 a 10.000; y entre 10.000 y 20.000. Las entidades locales autónomas se incorporarán a cada ámbito en función de su población, cumpliéndose por tanto con una reivindicación planteada en anteriores programas.

Con este nuevo instrumento se concreta una respuesta inmediata "a favor de unos ayuntamientos que ya están en el día después", según ha manifestado Irene García. Al no requerir de modificación presupuestaria, y validarse vía decreto, confiere la agilidad y urgencia que ahora se reclaman.

Por otra parte, Diputación, tras esta respuesta de emergencia, confirmará medidas de mayor alcance y cuantía en el Pleno que se celebrará en mayo, para cuando se preparan dos nuevas intervenciones, según ha explicado la presidenta de Diputación. En este sentido, ha explicado que se podrá conocer el importe del programa financiado con el 20 por ciento del superávit del año 2019 en consonancia con el límite autorizado por el Gobierno de España. Además, se determinará el nuevo diseño del presupuesto del año 2020, en virtud de las modificaciones que se aprueben para atender los nuevos retos frente a la pandemia.

En este sentido, ha asegurado que la revisión de los fondos y sus destinos es una prioridad. De hecho la nueva edición del Plan de Cooperación Local --presupuestado en 4,3 millones de euros-- tendrá que reorientar sus actuaciones, según ha señalado.

Otra cuestión esencial es la obtención de liquidez inmediata, por lo que Irene García ha confirmado que se van a transferir en cuestión de días los fondos del Plan Invierte, además de recordar que los anticipos de recaudación ya se están librando en fechas mucho más tempranas que las establecidas en los calendarios aprobados.

Irene García ha explicado ante el Consejo de Alcaldías las actuaciones ya resueltas por Diputación. La adquisición y suministro de 800.000 mascarillas para los 45 municipios de la provincia de Cádiz, la campaña de desinfección mediante empresas especializadas o el refuerzo de las contrataciones en servicios sociales, que supone una inversión que supera los 1,4 millones de euros. Al respecto ha confirmado que "si es necesario se prorrogará la campaña de desinfección", además de estar a la espera de la recepción de batas y guantes que ya han sido adquiridos.

Por otra parte, en la sesión se ha reconocido el desconocimiento sobre los criterios de distribución, la ejecución y justificación del fondo social de emergencia que financia el Gobierno de España y gestionará la Junta de Andalucía. Sobre esta "indeterminación", y la demanda de mayor respeto institucional para las entidades locales, Irene García ya trasladó una carta al presidente del ejecutivo autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Ahora, tras aceptarlo el Consejo de Alcaldías, la presidenta de Diputación enviará una segunda misiva al titular de la Junta para que se aclare el desarrollo efectivo del fondo social. Con cargo a ese programa a la Diputación de Cádiz se le han asignado 650.000 euros, que según ha confirmado Irene García, se pondrá a disposición de los ayuntamientos.