La Plataforma acTÚa FAMILIA señala en una nota de prensa que "el pasado viernes la Policía nacional, irrumpió en la celebración de la Santa Misa en la Parroquia San Servando y San Germán, en el barrio gaditano de la Laguna. Al grito de “¡Suspendan esto inmediatamente!” “¡Esto está prohibido!”, interrumpieron abruptamente la celebración del culto católico" por lo que "la docena de feligreses que asistían a la eucaristía, asombrados, denunciaron la fuerza y el abuso de poder del dispositivo policial, dirigido personalmente por el subinspector C. A. M., al que dijeron reconocer algunos de los asistentes". También en San Fernando interrumpió una misa la Policía Local, "pero en este caso terminaron disculpándose".
El pasado Domingo de Ramos "le tocó a Sevilla, a una Misa en una azotea particular del barrio sevillano de Triana: una celebración en la que había 8 personas de una misma comunidad religiosa, y que se celebraba en su azotea privada para que los vecinos pudieran seguirla". También en Valladolid, ya el domingo 22 de marzo, "la policía impidió la celebración de una Misa en la Catedral... ¡porque había 20 personas!".
El Real Decreto que regula el estado de alarma establece que la asistencia "a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro".
acTÚa FAMILIA señala que "segñun diversas fuentes, en el caso de Cádiz, la Policía Nacional, sorprendentemente, justifica la actuación del subinspector C. A., explicando que acudieron requeridos por vecinos de la zona. Los agentes comprobaron que dentro del templo se celebraba una misa con unas 15 personas, en su mayoría personas de edad avanzada y por ello, población de riesgo ante posibles contagios deCovid-19, muchas de ellas sin mascarillas o guantes, y sin que en la parroquia hubiese tampoco otros elementos como soluciones desinfectantes para las manos. Desde la parroquia gaditana en cambio se asegura que en el interior del templo se guardaban escrupulosamente todas las medidas de seguridad, con los asistentes debidamente separados en el interior de una iglesia de grandes dimensiones".
Pedro Mejías, portavoz de acTÚa FAMILIA, declara que “podemos estar ante delitos contra la Libertad Religiosa que no pueden seguir ocurriendo; a los ciudadanos hay que respetarles este derecho básico contemplado en el Decreto. Además, son los responsables políticos y jefes, y no los propios policías, quienes deben responder de estas actuaciones”.
Y concluyó: “esperemos que no vuelvan a ocurrir hechos tan desagradables, que limitan aún más las libertades de los ciudadanos, en este caso de los católicos: la libertad religiosa es un derecho fundamentaly hay personas, jóvenes y mayores, que ahora considera más necesario que nunca acudir a los templos, tomando las precauciones ordenadas. Donde les está permitido acudir, por estar abiertas las iglesias, amparadaspor el propio Decreto del Estado de Alarma, es necesario salvaguardar ese derecho”.
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