La incertudembre, total en todos los órdenes, también en el ámbito institucional, y la presión sobre las entidades locales, creciente conforme se extiende el confinamiento, hacen mella y dificultan la planificación de la respuesta el día después del encierro. El rifirrafe entre el alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Mancomunidad de la Bahía, David de la Encina, sobre la disposición de 2,5 millones de euros que al parecer cuenta en fondo bancario para hacer frente a las consecuencias de la pandemia es una muestra de cómo se eleva la temperatura del debate político incluso entre las propias filas de un mismo partido. La polémica se ha zanjado por parte del máximo responsable del ente subrayando que la del primer edil es “una iniciativa lógica y muy positiva” y aportando la clave del debate: el objetivo es “saber cuánto, cuándo y cómo” ayudar, informó esta semana Younes Nachet en Viva Cádiz.
Sobre “el cómo, cuándo y cómo” se refirió también la presidenta de Diputación, Irene García, en un extenso comunicado remitido a los medios de comunicación al término de la videoconferencia mantenida con los portavoces de los grupos de la oposición el pasado 2 de abril. Por un lado, informó que ha solicitado de manera formal a la delegada del Gobierno en Andalucía, Ana Mestre, “que exprese mayor concreción en el destino de los más de 51 millones de euros transferidos desde el Gobierno de España a la comunidad andaluza”. Concretamente, aseguró que “a alcaldes y alcaldesas les urge saber con qué fondos podrán contar para reforzar servicios sociales y adquisición de material higiénico y sanitario”.
Por otro lado, admitió que también existe indefinición por parte del Gobierno de la Nación al no especificar sus instrucciones recogidas en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, y que inicialmente establecen que cada entidad local podrá destinar el 20% del superávit del año pasado para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, Servicios Sociales y Promoción Social. Y, reconoció, las entidades locales también están a la espera de obtener “seguridad jurídica en torno a la posibilidad de ejercer el principio de autonomía municipal sobre el 80% restante del citado superávit, e incluso respecto al eventual uso de sus saldos en depósitos bancarios”.
Paralelamente, la institución provincial está llevando a cabo una reprogramación de fondos del presupuesto de 2020 para reorientarlos a las necesidades más urgentes, pero también para asumir un nuevo escenario marcado por la duda. Se da por hecho una severa caída de ingresos a todos los niveles administrativos, mayor o menor según la duración del confinamiento. En cualquier caso, la crisis sanitaria ya está poniendo a prueba la capacidad financiera y la liquidez de las corporaciones locales. Y no todas afrontan el nuevo escenario porque aún lastran las consecuencias del crack de 2008.
El ex alcalde de Vejer y ahora diputado nacional, Pepe Ortiz, ha puesto el foco en una de las cuestiones más importantes al respecto. En plena crisis del coronavirus, denunció este jueves, los ministerios de Administraciones Públicas y Hacienda hicieron efectivo el cobro de la liquidación negativa correspondiente a 2017. De esta manera, el Gobierno de Pedro Sánchez ha detraído 1,4 millones de euros de las arcas municipales de los ayuntamientos de la provincia, descontándolo de la entrega a cuenta de la Participación de los Tributos del Estado (PIE). “Muchos municipios gaditanos verán seriamente mermados sus ingresos justo cuando más falta le hace”, dijo. La propuesta que pone sobre la mesa suena bien porque serviría, desde luego, para aliviar: el Ejecutivo podría retrasar la compensación por las liquidaciones negativas correspondientes hasta dos meses después de que se levante el estado de alarma.
La relajación de las medidas contenidas en el pacto de estabilidad también es otra opción para dotar de margen a los ayuntamientos que, como es el caso de Jerez, tiene menor margen de actuación. La activación por parte de la UE de la “cláusula de salvaguarda” de las reglas fiscales comunitarias, que permitirá a los países incumplir objetivos de déficit y deuda temporalmente para poder elevar el gasto frente a la pandemia, abre la puerta a que el Gobierno central haga lo propio con las entidades locales, suspendiendo este año las medidas recogidas en el plan de ajuste. Pero, en ningún caso esto supondrá barra libre.
Otras iniciativas que se pueden llevar a cabo para dar un respiro a los municipios con mayores dificultades financieras y de liquidez pasan por el aplazamiento del pago de las cuotas del fondo de ordenación, incluir en el mismo el pago de las cuotas mensuales de la deuda con la Seguridad Social o refinanciar operaciones de crédito. También depende del Gobierno central. Y tanto para aquellos ayuntamientos que cumplen como para los que no, el acceso al crédito también será fundamental para garantizar su viabilidad en la crisis económica que se está gestando y cuyos perjuicios sufren ya las entidades locales, “cinturón de seguridad de los vecinos”, tal y como los definió Irene García recientemente.
El margen de actuación es poco por el aparataje normativo y competencial. Mientras se disipan las dudas del alcance de la ayuda que pueden poner a disposición, han comenzado a movilizarse asignaciones recogidas en los presupuestos no afectadas a asuntos de especial urgencia o que no sirvan para dar respuesta a otras situaciones de emergencia de colectivos y asociaciones para destinarse de manera extraordinaria a combatir los efectos sociales y económicos de la crisis.
Así, además de las moratorias en el pago de tasas e impuestos municipales, así como algunas bonificaciones anunciadas en algunas localidades (mayores o menores en tiempo y cuantía según la tesorería de cada cual), tanto Diputación como ayuntamientos han centrado sus esfuerzos en atender a las demandas de ayudas económicas familiares para el pago de facturas y la adquisición de alimentos de primera necesidad.
Se ha abierto un nuevo frente sobre el papel que han de jugar en la generación de empleo. Sanlúcar o Cádiz han anunciado cuantiosas partidas para pymes y autónomos. Pero, atendiendo a sus competencias, es importante que apuesten, una vez pasado el confinamiento, por reactivar la actividad por medio de la obra pública y la promoción, apoyando de esta manera a la construcción y al turismo, y cumpliendo con el pago a proveedores.
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