Pocas veces se ven noticias tan esclarecedoras como la que ha propiciado el papa Francisco sobre el papel jugado por el papa Pio XII en relación con el ascenso del nazismo de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. También acerca de su actitud con la exterminación de los judíos. Hay versiones tan contrapuestas que los archivos vaticanos se abrirán por decisión papal para que los investigadores puedan sacar las conclusiones que la opinión pública necesita conocer de hechos tan decisivos de años tan dramáticos.
En España también hay tarea por delante. No se ha derogado la ley de Secretos Oficiales de Franco de 1968. Con cinismo la ley comienza con esta mentira: “Es principio general, aun cuando no esté expresamente declarado en nuestras Leyes Fundamentales, la publicidad de la actividad de los Órganos del Estado, porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos”. En la dictadura el cumplimiento de esta norma era francamente risible. La ley se reformó en 1978 pero no se acometió su sustitución por una nueva. Recientemente se ha promulgado la ley de Transparencia, que ha significado un avance - basta entrar en el Portal de la Transparencia para comprobarlo - pero establece límites al derecho de acceso cuando suponga un perjuicio para: La seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención y sanción de los ilícitos penales, determinados procesos judiciales, intereses económicos, el secreto profesional y la propiedad intelectual, etc. Excesivas limitaciones.
Se leen las desclasificaciones de documentos que se producen en otros países. Algunas de importancia que crean problemas exteriores, como el soborno a los generales franquistas por parte del gobierno británico. En España siempre hay excusas. para no hacerlo. Unas veces -las más- son problemas de personal para seleccionar lo clasificable y lo que puede darse al público, otras se alegan los compromisos internacionales por afectar a países aliados o a organismos internacionales -OTAN, UE- que se verían afectados. Pero conocer sin restricciones la completa documentación de la Guerra Civil y sus prolegómenos, del franquismo, del golpe de Estado del 23F y demás intentonas, de la violencia ultraderechista, del GRAPO o de ETA que todavía tienen zonas oscuras son ejemplos de la transparencia necesaria. El nuevo gobierno tiene la ocasión de que los secretos de Estado no duerman “el sueño de los justos” porque es claramente injusto.
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