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Jueves, 24/09/2020
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Cádiz

La Fiscalía aprecia delitos en las obras del Puente de la Constitución

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas pide que se investigue si existió algún tipo de responsabilidad contable o penal en la gestión del punte de Cádiz

  • El puente de la Constitución de 1812.

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha pedido que se investigue si existió algún tipo de responsabilidad contable o penal en la gestión de la construcción del puente sobre la Bahía de Cádiz, cuyo coste final tuvo una variación del 61,2 % sobre las previsiones iniciales.

La petición del fiscal se produce después de que un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la obra del puente de la Constitución 1812, una de las mayores infraestructuras realizadas en los últimos años en España, criticará que su gestión no contribuyó al cumplimiento de los principios de estabilidad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La obra del puente, que fue inaugurado el 24 de septiembre del 2015, corrió tras los mandatos de tres ministro de Fomento, Magdalena Álvarez y José Blanco, del PSOE, y Ana Pastor, del PP.

El informe lamentó que a pesar de una fase preparatoria de la obra se extendió "varias décadas", desde finales de los 80 hasta el 2006, poco después de haber sido aprobado el proyecto y de que se iniciaran las obras (en abril del 2007) se tomaron decisiones que provocaron "alteraciones sustanciales del proyecto".

Una de las incidencias que relataba el informe fue que una vez iniciadas las obras hubo que hacer "un rediseño global" para ampliar el tablero del puente y que pudiera alojara la plataforma del tranvía de la Bahía de Cádiz, una obra de la Junta de Andalucía que aún no ha entrado en funcionamiento.

Después de haberse ampliado el puente, con los retrasos y sobrecostes que conllevó, "el tranvía no fue implantado".

Las obras del puente fueron adjudicadas en el 2007 y contaban con un plazo de ejecución de 41 meses, que finalmente se convirtieron en 117.

"La previsión inicial del conjunto del proyecto de inversión (que incluía, además de las obras propiamente dichas, los contratos de servicios vinculados, expropiaciones y otros gastos) contenida en los PGE para el 2007, ascendía a 304.087.550 euros, pasando finalmente a una inversión total acumulada de 490.204.646,59 euros en el 2018, último año de ejecución presupuestaria del proyecto", apuntaba el informe.

Por ello, el coste final supuso una variación del 61,2 % sobre las previsiones, un total de 186.117.096,59 euros.

El informe del Tribunal de Cuentas reprochaba que el Ministerio de Fomento decidiera asumir unilateralmente la realización y financiación de las obras para la plataforma del tranvía.

También apuntaba que las alteraciones del proyecto "fueron lo suficientemente relevantes como para que los órganos del Ministerio hubieran considerado la existencia de una causa de resolución del contrato", algo que no hizo.

En su lugar se realizaron tres modificaciones contractuales del contrato principal y tres proyectos de obras complementarias, que fueron objeto de dos procedimientos distintos y negociados sin publicidad adjudicados al contratista de la obra principal.

De esta forma se evitó que los cambios fueran sometidos a informe del Consejo de Estado, por lo que este órgano "no pudo evaluar la legalidad de esta actuación".

El informe indicaba también que la ampliación de cuatro a once del número de ejercicios a los que se aplicaron los gastos del proyecto debió contar con la autorización del Consejo de Ministros.

Estas circunstancias, entre otras, llevaron al Tribunal de Cuentas a afirmar que la gestión presupuestaria del proyecto contribuyó al cumplimiento de los principios de estabilidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos" y a lamentar "la escasa eficacia de los controles internos aplicados durante el curso de la obra".

Tras este informe, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas cree que pudiera existir una responsabilidad contable y penal en la gestión de esta obra, por lo que ha derivado un escrito a la sección de enjuiciamiento de este organismo para que se inicien las diligencias preliminares que lo determinen.

En el caso de que se detecten posibles responsabilidades penales, el Tribunal de Cuentas, que sólo instruiría las contables, derivaría el caso al organismo competente. 

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