La Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza (ANPE) registró el pasado curso 2018/2019 dos agresiones a docentes por parte de alumnos en las aulas de la provincia. El dato lo ofrece el Defensor del Profesor gaditano, Pedro Romero, quien detalla que el sindicato contabilizó, en total, hasta 36 incidencias por conflictividad en los centros educativos. Romero señala que la mitad de ellas se debe a los problemas que encuentran para dar clase, las faltas de respeto que sufren y, también, el ciberacoso por parte de los menores.
En el caso de las agresiones, a diferencia de la tendencia nacional, localizadas en Primaria en la mayoría de los casos, con niños de menos de 12 años como autores de los episodios de violencia contra maestros, los dos sucesos anotados en Cádiz estuvieron protagonizados por alumnos de Secundaria, según el balance del sindicato. No obstante, Romero sí destaca un repunte de problemas entre padres y madres con profesorado en la primera etapa de la educación obligatoria. Por localidades, Jerez y Algeciras concentran siete de cada diez denuncias y estas se producen especialmente en centros ubicados en zonas desfavorecidas.
ANPE ofrece desde el año 2005 el servicio de denuncia y atención al docente. Romero señala que hace diez años se alcanzaron las cifras más alta de conflictividad con más de 4.000 casos en el conjunto de España; ahora se ha reducido a la mitad y los números se mantienen estables. En Cádiz, no ha habido que lamentar este curso ninguna agresión y la cantidad de incidencias se mantiene estable, agrega. Pero aún queda mucho por hacer. La Administración autonómica ha dado un primer paso muy importante. En abril, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado, que recoge “la consideración de autoridad pública, la presunción de veracidad, la asistencia jurídica y psicológica, el fomento de la convivencia en los centros, la promoción del valor social de la profesión docente, el deber de colaboración de las familias y principio de responsabilidad y la reparación de daños por quienes incurran en agresiones a los profesores”.
La coordinadora regional del servicio de ANPE, María de los Ángeles Guzmán, subraya que es fundamental contar con el respaldo legislativo, pero también el de los padres y madres. En este sentido, ha lamentado que, ante problemas de convivencia e incluso en los casos más graves de violencia verbal o física, el docente no encuentra en la mayoría de las ocasiones el apoyo y la comprensión por parte de los progenitores. “En las aulas se refleja lo que hay en la sociedad y lo que se vive en casa. Si se cuestiona la autoridad en general, se cuestiona al maestro en particular”, remarca.
Por todo ello, insiste en que los padres y madres deben remar en la misma dirección que los docentes para evitar situaciones que generan incluso graves problemas de salud entre los profesionales de la educación, hasta el punto de desembocar en algunas ocasiones en el abandono definitivo del puesto de trabajo.
Grupos de Whatsapp
La coordinadora autonómica del Defensor del Profesor, María de los Ángeles Guzmán, advierte de que los grupos de Whatsapp de padres y madres pueden perturbar la convivencia y favorecer el ciberacoso al docente. Por ello, ANPE ha elaborado un decálogo para el buen uso de estos canales de comunicación. Entre otras propuestas, el sindicato plantea a los progenitores, en primer lugar, que no utilicen el grupo “para criticar, insultar, difamar o calumniar a los docentes, a otros padres y madres o a los propios alumnos/as”. En esta línea, pide que cualquier queja o sugerencia se dirija directamente al profesorado y no se trate de solucionar en el grupo. Y ANPE aconseja, además, que si el grupo comienza a utilizarse de manera inadecuada, hay que intentar cortar con esa actitud para no ser cómplice y evitar el descontrol.
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