Cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía estuvieron citados a lo largo de la jornada de ayer en la comisión de investigación de la Faffe. Entre ellos, dos condenados a pena de prisión por la sentencia del caso ERE José Antonio Viera y Antonio Fernández. El primero de ellos acudió y el segundo se ausentó al no haber recibido la notificación.
El exconsejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera sostuvo que la Faffe contaba “con todos los controles y auditorías” que tenía el resto de estructuras de la Junta, negó conocer irregularidades y atribuyó al ex director general Fernando Villén la responsabilidad en la gestión. Viera, condenado a siete años y un día de cárcel y a 18 años y un día de inhabilitación en el caso de los ERE, fue consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004 compareció en la comisión que investiga las irregularidades de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
La fundación se creó en el 2003, por lo que Viera recordó en su declaración que solo coincidió con la gestión de la fundación ocho meses, si bien admitió que nombró, por consejo de su equipo, como director general a Fernando Villén, imputado en el caso Faffe y que gastó 15.000 euros de dinero público en un prostíbulo durante una noche, dinero que posteriormente devolvió. “La Faffe no puede ser condenada por un comportamiento puntual, ni de uno ni de dos ni tres personas. Miles de jóvenes andaluces se formaron en ella”, enfatizó, a la vez que negó que fuera una herramienta para “comprar la paz social”.
El consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández no compareció ante la comisión de investigación de la Faffe por no haber recibido la notificación, según confesó el presidente de la comisión, Enrique Moreno.
Por su parte, el exconsejero de Trabajo Manuel Recio rechazó contestar en la comisión porque está investigado en la causa sobre los cursos de formación del exconsejero Ángel Ojeda, y pidió abandonar la sala, aunque se quedó por orden del presidente. El exconsejero dijo que no contestaba ante “posibles interferencias” en la causa judicial en la que está implicado, que afecta a Ojeda por los 33 millones de euros que recibieron las empresas del grupo Prescal para la formación de los extrabajadores de Delphi.
En su intervención previa, Recio citó diversa doctrina judicial de audiencias provinciales y del Parlamento andaluz para justificar su negativa a contestar al estar inmerso en una causa judicial como investigado y pidió abandonar la comisión, tras lo cual se produjo un intercambio de opiniones entre el presidente, Enrique Moreno, y el secretario.
Recio precisó que no abandonaría la sala sin permiso del presidente, quien poco después, tras el intercambio de opiniones con el secretario, le pidió que permaneciera en la comisión hasta que los grupos acabaran sus intervenciones.
Y, por último, el exconsejero andaluz de Economía Antonio Ávila negó haber tenido ninguna competencia en la Faffe y dijo que no va a admitir “sombras de duda” sobre su persona y su actuación. Ávila recordó que fue titular de esta consejería entre mayo de 2012 y septiembre de 2013, y que la fundación se extinguió en mayo de 2011.
Al fijar sus competencias fuera de las responsabilidades de la Fundación, Ávila ha ido negando haber tenido conocimiento del funcionamiento de ésta.
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