La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha presidido el acto 'Visión y abordaje de las violencias de género', una de las actividades centrales preparadas por la Diputación con motivo del 25-N, Día Mundial para la eliminación de la violencia contra las mujeres, donde se han dado mensajes como que no caben medias tintas contra la violencia de género, así como que los poderes públicos y los medios de comunicación son dos pilares básicos que han de asumir la responsabilidad en esta lucha.
Según ha indicado la Diputación en una nota, García ha sido la encargada de introducir la secuencia en la que han intervenido María Ángeles Sepúlveda, doctora especialista en Medicina Legal y Forense y experta en violencia de género; y Lorena Montero, fiscal, decana de la sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Cádiz; y en el que la periodista, María Fernández-Llebrez ha presentado la 'Videoteca de voces expertas II. Declaraciones sobre violencia de género', un proyecto de la Asociación de la Prensa de Cádiz. También han estado presidiendo la jornada la diputada de Igualdad, Carmen Collado, y el de Desarrollado de la Ciudadanía, Jaime Armario.
La presidenta de Diputación ha querido mostrar un mensaje de contundencia en el rechazo a la violencia de género, afirmando que "no cabe ni la indiferencia ni el silencio cotidiano, que hace cómplices y partícipes de esta forma de barbarie deleznable". Irene García ha mostrado su "repulsa a las ideas que están tomando auge y que amenazan los avances logrados en materia de igualdad", que en su opinión obligan a recordar conceptos como "acabar con el negacionismo", y que "la violencia de género no es un concepto político, sino una lacra social".
García ha citado dos actores fundamentales en esta lucha que han estado representados en este acto: las administraciones y los medios de comunicación. Sobre el primero ha afirmado que "tienen mucho que decir los poderes públicos, para seguir con la protección de víctimas y el castigo a los maltratadores", y ha personalizado en la administración que preside, al aseverar que "la Diputación tiene la responsabilidad de visibilizar este problema por una cuestión de justicia para las víctimas".
En el caso de los medios de comunicación, ha pedido que se comprometan para desarrollar un "correcto, sensible, respetuoso y riguroso tratamiento de este tipo de sucesos" y convertirse en "altavoces de aquellas que no tienen voz y no de quienes defienden un revisionismo inaceptable de una sociedad en la que nos están matando". En este sentido ha agradecido la labor de la Asociación de la Prensa de Cádiz con el proyecto avanzado este martes.
A continuación, la periodista María Fernández-Llebrez ha sido la encargada de presentar la segunda edición de la 'Videoteca de voces expertas. Declaraciones sobre violencia de género', una innovadora experiencia, financiada por el área de Igualdad, por la que siete mujeres maltratadas, desde el anonimato cuentan, "lo importante que es escucharlas, lo necesario que es contar sus historias, lo imprescindible que es tenerlas en cuenta en el discurso social, en la construcción de la agenda de aquello que es públicamente defendible", según ha explicado Fernández-Llebrez en su intervención.
Por otro lado, María Ángeles Sepúlveda ha desarrollado en su intervención que no hay un solo tipo de violencia de género, sino una tipología amplia y en transformación. Algunas de ellas son el maltrato en pareja, la violación, el uso de los hijos para hacer daño, el menosprecio psicológico, el chantaje sexual, y, finalmente, como máxima expresión, el asesinato. Sepúlveda también ha hecho un retrato del origen sociológico de la violencia de género que se remonta al Paleolítico y a la conversión de la especie humana al sedentarismo.
Por último, Lorena Montero ha hecho un análisis del Código Penal y ha arrojado luz sobre las dudas generadas por recientes sentencias judiciales sobre las denominadas "manadas" de Pamplona y Manresa, en que la catalogación del delito como "abuso" y no "agresión sexual", ha creado una visible contestación por colectivos feministas.
La fiscal ha explicado que la necesaria reforma legislativa para adecuar la ley al sentir social deberá dar respuesta a cuestiones como la de qué se entiende como intimidación en las relaciones sexuales, y en qué medida esto sea lo que determine la pena. Además, ha señalado que "queda mucho por hacer", ya que estos procesos de reforma legal son lentos y la justicia trata de modernizarse, pero va un paso por detrás de la sociedad.
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