La diputada andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, y el secretario de Memoria Histórica y Democrática, Miguel Guerra, han denunciado hoy que el Gobierno andaluz esté tratando de sepultar la Ley de Memoria Democrática y con ello, la dignidad de miles de víctimas de la barbarie franquista cuyos restos se encuentran repartidos en miles de fosas comunes en este país.
“Estamos asistiendo a lo que ya sucedió con la Ley de Dependencia en nuestro país”, ha advertido Maese, que asegura que “el Gobierno de la derecha está dejando morir la Ley de Memoria Democrática, están queriendo enterrar de nuevo en el olvido a quienes sufrieron el horror de la guerra y la dictadura”. “Ahora que ha comenzado el curso escolar, por ejemplo, vamos a estar vigilantes para saber si se cumple el artículo 47 de la Ley andaluza y en los colegios se aborda esta parte de la Historia tantos años silenciada”, ha apuntado.
La dirigente socialista comparte con los colectivos memorialistas el tajo brutal que ya en los presupuestos aplicó “la Junta cautiva de Vox”. “En la partida destinada a exhumaciones, en lo referido a estudios y proyectos técnicos hay un recorte del 62 por ciento de las cantidades en el primer Plan Andaluz de Memoria Histórica y Democrática que se aprobó bajo el anterior mandato socialista, al igual que se han reducido en un 75 por ciento las partidas destinadas a convenios con entidades locales y otras partidas también dedicadas a exhumaciones”, ha detallado.
La inacción del Gobierno andaluz se demuestra, a juicio de Maese, en otros hechos como la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y de las oficinas provinciales de atención a las víctimas que desarrollaban su función en las Delegaciones del Gobierno, la paralización de las intervenciones en fosas y también de la declaración de nuevos lugares y espacios de Memoria Democrática”.
“Nada se conoce tampoco sobre lo que va a ocurrir con el Censo Oficial de Víctimas, ni sobre la creación del Instituto Andaluz de la Memoria Histórica y Democrática, ni del Registro de Entidades que permita una correcta política de fomento del movimiento memorialista andaluz”, ha señalado recalcando que el Grupo Socialista estará muy encima para que el Gobierno andaluz contemple en las próximas cuentas andaluzas una consignación suficiente que garantice el desarrollo de las medidas previstas en la Ley.
Maese subraya que “Andalucía fue la región más castigada por el franquismo” y por eso, no entiende “el invento infame del Comisionado de la Concordia”, que en su opinión no deja de ser “una agresioÌn y una ofensa a las viÌctimas, un eufemismo que lo uÌnico que esconde es el intento de la derecha española de impedir que se cumpla con las obligaciones con las viÌctimas y que se garantice los principios de verdad, justicia y reparacioÌn en estas poliÌticas que deberiÌan ser patrimonio democraÌtico de todos los andaluces y andaluzas, de todos los españoles y españolas”.
Miguel Guerra, por su parte, también ha afeado a la Junta que haya dejado sola a la Diputación en el proceso de reparación de las víctimas. Irene García Macías al frente de la Diputación de Cádiz y la diputada Lucía Trujillo están continuando la senda de trabajo que ha venido desarrollando el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz. Guerra ha explicado la implicación de los socialistas que han facilitado que se desarrollen tareas de Memoria en colaboración con el anterior mandato de la Dirección General de Memoria en la Junta, los Ayuntamientos y asociaciones.
“Un trabajo mancomunado que ha permitido desarrollar trabajos como las actividades investigadoras y educativas en colaboración con la Asociación del Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, los cursos de la UCA en Cádiz o San Roque, el Aula de Memoria “Carlos Perales”, el convenio con la Asociación SOS Bebes Robados, la Digitalización de los expedientes militares del Archivo Militar de Sevilla, Becas de investigación, prospecciones con georadar en colaboración con la UCA (casos positivos como Jimena o Jerez, o casos negativos como los del Parque del Mayeto en Rota), actuaciones arqueológicas y antropológicas de exhumación entre otras como la de Benamahoma, San Fernando, Puerto Real, Paterna, Jimena, Chiclana o Setenil.
Defiende Guerra que son “unos trabajos que requieren que otras administraciones como la Junta de Andalucía se arrimen y pongan recursos, de ahí que vemos una locura el recorte presupuestario al Plan Andaluz de la Memoria, así como la inacción durante los primeros meses del ejecutivo”. “Hay que recordar que la provincia alberga un centenar de fosas que según los historiadores pueden albergar cerca de 13.000 víctimas y que quien tiene las competencias directas en temas memorialistas es la Junta de Andalucía”, apunta.
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