La Fiscalía General del Estado (FGE) ha destacado el incremento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual durante el año 2018, cuyas cifras son “especialmente preocupantes”. Alertaba, además, de que un “relevante número” de estos delitos sexuales, sobre todo agresiones o abusos sexuales, tienen como víctimas a menores. Según sostiene la Fiscalía, estos delitos contra menores se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima. “Son entornos familiares, educativos o de tiempo libre los que mejor catalogan estos escenarios”, apunta.
Es por ello que el Ministerio Fiscal apunta que se “podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados —como despachos o aulas—, que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones”. La sugerencia no ha tardado en tener respuestas y representantes de la comunidad educativa han mostrado su recelo sobre ella, exponiendo exponen que esta medida confronta con el derecho a la intimidad de escolares y docentes.
Los progenitores
Por su parte, en el colectivo de madres y padres existe diversidad de opiniones. Algunos están de acuerdo y otros, sin embargo, comparten la forma de pensar de los docentes. Ana Hernández, madre delegada de uno de los grupos de sexto curso del colegio San Vicente de Paúl de Cádiz expresa que “con las cámaras estaríamos más seguros. De hecho, creo que deberían grabarse otras zonas como las puertas de los colegios para evitar que alguien se lleve a algún niño”. Otra de las madres del centro, Lola Nieto, considera que esta medida serviría también “para controlar el tema del bulling en las aulas”. De otro lado, algunos están de acuerdo con que se coloquen las cámaras en los despachos “pero en las aulas no lo veo claro, porque entra en juego la protección del menor”, señalan.
Sin embargo, hay padres que rechazan por completo la propuesta ya que “estarían intimidando a la propia convivencia de alumnos y profesores. La finalidad es buena, pero la idea no me lo parece”, explica Javier Albarracín. Para José Moya existe cierto temor “porque hoy día hay piratas que podrían captar las imágenes de las cámaras”. Añade que “creo que le estamos quitando autoridad a los profesores, por parte de los padres, para dársela a los niños”. Graciela Rodríguez, otra madre del centro, considera que “sería conveniente vigilar también los abusos que existen por parte de los padres hacia los profesores de alguna manera”.
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