Y un terremoto laboral sacudió los cimientos socioeconómicos de la Bahía de Cádiz. Con la crisis económica gestándose entre los ladrillos y escupiendo sus primeros latigazos a las listas del desempleo, un jueves, día 22 de febrero del año 2007, la factoría automovilística Delphi anunciaba el cierre de su planta en Puerto Real, ante la estupefacción de sus 1.902 trabajadores y dejando en evidencia la capacidad de reacción de administraciones públicas como la Junta de Andalucía.
Tras el anuncio llegaron las movilizaciones al grito, ahora ingenuo, de “Delphi no se cierra” que inundó las calles de todas las ciudades de la Bahía, especialmente en la capital. De aquellas protestas, los empleados y sus familias lograron varios compromisos, tanto del por entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el de la Junta, Manuel Chaves, compromisos que luego fueron papel mojado. Pero lo que no consiguieron fue evitar que la empresa diese marcha atrás en sus planes de cierre.
Un 4 de julio
Llegó el verano y un día como hoy pero hace ya 12 años, un 4 de julio, se aprobaba un protocolo especial de formación y recolocación. En agosto de ese año daba comienzo una odisea, una pesadilla aún presente para centenares de estos trabajadores.
En 2009, dos años después, una vez acabado el paro, del grueso de trabajadores de la factoría automovilística, algunos fueron recolocados en empresas como Alestis, Gadir Solar y otras. Otros se prejubilaron. Y el resto comenzaron una travesía en el desierto que comenzó con una gran cantidad de cursos y talleres de formación que se han convertido en un laberinto administrativo de difícil solución.
Eran unos cursos “extraños” y diseñados “para mantener en silencio” a los seiscientos extrabajadores que se quedaron en tierra de nadie. Cursos sin homologación, algunos sin pies ni cabeza en los que se veía a un tornero de 45 años de edad formándose en marketing. Allí estuvieron, sentados ocho horas, “para no salirnos del tiesto”. Por realizar esos cursos cobraban y cotizaban, para así luego tener acceso a una prestación por desempleo. La Junta fue la que puso sobre la mesa esa estrategia, secundada por los sindicatos, la cual hoy está en manos de los tribunales.
Fin del protocolo
En septiembre de 2012, la Junta de Andalucía abandonó por completo el protocolo de colaboración de Delphi. Un protocolo que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dejó claro que no era de obligatorio cumplimiento, que era simplemente un acuerdo político.
Desde entonces los trabajadores que jamás encontraron un empleo se han encerrado en el edificio de los sindicatos de Cádiz durante un año, han protestado en la calle y a las puertas de su antigua factoría, han sufrido y sufren en algunos casos penurias, han luchado contra la indigencia, han padecido depresiones, han acudido a entierros de compañeros que se han suicidado, han visto romperse sus familias, y ahora además luchan en los tribunales para no tener que devolver las prestaciones recibidas por unos cursos que estaban fuera de la legalidad.
Pero alguna batalla se gana. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y más concretamente su Sala de lo Social con sede en Sevilla, ha aceptado el recurso de suplicación interpuesto por uno de estos extrabajadores, quien asesorado por el abogado gaditano Álvaro Illesca Frontado, del despacho Acacias Abogados, ha logrado que se anule la sentencia de noviembre de 2017 emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz, tras la demanda del Servicio Público Estatal de Empleo.
La sentencia
En su auto, el TSJA anula la sentencia y retrotrae el procedimiento “al momento anterior de la demanda” para que el juzgado gaditano requiera al Servicio Público de Empleo Estatal a que “amplíe la demanda contra la sociedad de la información, Innova, la asociación para la calidad europea, Inteca y la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz, Fueca.
Entiende el TSJA que estas empresas “debieron ser llamadas a este pleito como demandadas y no como simples intervinientes interesadas”. Es una sentencia que sigue el mismo criterio con otros extrabajadores de Delphi en situación similar.
Ahora debe comenzar una nueva vista en la que no solo estarán como demandados los extrabajadores de Delphi que asistieron a esos cursos, sino también las empresas que los impartieron. Empresas que ya han sido sancionadas por la Inspección de Trabajo: Innova con una multa de 1.131.431 euros por la comisión de 181 infracciones; Inteca con una propuesta de sanción de 800.128 euros por 128 infracciones; y Fueca con una propuesta de sanción, recurrida, de 2.625.420 euros por la comisión de 420 infracciones, que en todos los casos, son consideradas como “muy graves en materia de Seguridad Social”. Tras actas levantadas en el marco de los compromisos aceptados por la Junta en relación con los extrabajadores de Delhi.
No en vano, las tres empresas “solicitaron y obtuvieron subvenciones excepcionales de la Consejería de Empleo para la realización de programas de formación dirigidos” al colectivo afectado por el cierre de la factoría.
Cursos con trampa
Tal y como recoge la sentencia, “los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación” a los extrabajadores “para mejorar su empleabilidad, pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social” aunque “la actividad de los contratados no fue otra que recibir formación, sin que existiese una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa, de modo que los contratos de trabajo solo tenían como objetivo crear una apariencia de relación jurídico laboral para justificar el alta en la Seguridad Social, como único medio para proporcionar a los extrabajadores incluido en el Dispositivo de Tratamiento Singular el periodo de carencia necesario para acceder a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho”. Es decir, “una simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones”.
Anulado el primer auto
Esos cursos, a los que accedieron centenares de ex de Delphi, se pusieron sobre la mesa a través de los sindicatos y de la propia Junta de Andalucía. “Así fue… nos dijeron que hay unos cursos en los que os vamos a pagar”, señala uno de los ex de Delphi.
Álvaro Illescas, abogado de uno de los afectados, señala que “en 2011, ya con Mariano Rajoy en el Gobierno, se mandó una inspección de trabajo que analizó la situación y observó fraude de Ley, lo cual fue denunciado por el Servicio Público de Empleo Estatal que reclamó la anulación de las prestaciones por desempleo y su devolución, demanda que fue aceptada por el juzgado gaditano. Pero ahora, el TSJA anula dicha sentencia y retrotrae las actuaciones ya que entiende que las empresas han cometido infracción laboral.
Innova desarrolló los cursos desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2010. Inteca desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 28 de febrero de 2011 y Fueca desde el 1 de marzo de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2012, momento en el que la Junta cerró el grifo y rompió con el protocolo de actuación con los extrabajadores de Delphi.
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