Actualizado: 21:59 CET
Domingo, 21/07/2019

Cádiz

Un desalojo sin alternativa habitacional

Una mujer de 84 años deberá abandonar su casa porque deben acometerse obras en la estructura. Cuando acaben podrá volver. El problema está que no tiene dónde ir

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Carmen Otero tiene 84 años y vive desde hace 45 en un piso del 44 de la calle Sagasta. Esta octogenaria reside allí con su hija, su yerno y su nieta. Este miércoles era su cumpleaños y la mujer se mostraba triste, con miedo y con ganas de que se le encuentre una solución a lo que en un principio denominaron un “desahucio”. No obstante, según el abogado de la propiedad de la finca, Carlos Sanz Cortés, se trata de una “suspensión del contrato de arrendamiento” por vía judicial porque “por ley hay que acometer una serie de obras” que afectan a la infraestructura de la finca y a la escalera, por lo que “no se pueden llevar a cabo con gente residiendo en su interior”.

La finca únicamente la ocupa Carmen y su familia. Desde la Plataforma de Jubilados y Pensionistas se emitía un vídeo que se mandaba a los medios de comunicación contando la situación que estaba viviendo esta mujer. Esta familia se muestra muy agradecida al apoyo recibido por la plataforma, “que son los únicos que nos han hecho caso ante la situación que nos está tocando vivir”, explica una de las hijas de Carmen Otero.

La familia apenas si puede dormir, siguen sin encontrar una solución habitacional a la que no está obligada la propiedad, desde la que “se le han planteado diversas alternativas antes de llegar a la vía judicial”. Sanz Cortés aclara a Viva Cádiz que “la propiedad lo último que quiere son polémicas, y está obligada a cumplir la ley y con sus obligaciones como propiedad. Si el requerimiento de obras llega por petición de la arrendataria  debe tramitarse el expediente administrativo y cumplirse con el requerimiento”. Con este paso a tomar se congela el contrato de arrendamiento, no se resuelve, por lo que la vuelta a casa de Carmen cuando acaben las obras está asegurada. Para tranquilidad de esta anciana “la suspensión del contrato implica el desalojo mientras dure el tiempo de ejecución de obras. Después volverá a la casa”.

La arrendataria afectada.

Esta mujer paga 65 euros al mes y considera que desde la propiedad no se le han ofrecido alternativas habitacionales aceptables. “Estoy al día en los pagos y llevo toda la vida viviendo aquí. Miro el cuadro de mi marido, que está en mi cuarto y es que no puedo”.

El miércoles acudían una técnico de Procasa y una asistenta social para atender la situación de esta mujer y su familia.   


El expediente municipal

Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales indican que “el lanzamiento de la inquilina de la vivienda está señalado para el próximo 8 de julio. No se trata de un desahucio, sino de la declaración de suspensión temporal de un contrato de arrendamiento, al objeto de que se pueda llevar a cabo el desalojo de la vivienda y, con ello, la ejecución de una serie de obras de seguridad”.

El origen de la controversia se produce porque la propiedad del inmueble recibe un requerimiento del Ayuntamiento de ejecución de obras de seguridad, “en el que se contemplan obras de consolidación estructural que, al parecer, solo se pueden realizar si la inquilina reseñada desaloja la vivienda. La inquilina fue requerida de desalojo por la propiedad previamente, concretamente en acto de conciliación de septiembre del año 2017”. Dicho acto se celebró sin avenencia, dicen desde el Consistorio, ante la no comparecencia de la inquilina.

“Ante la oposición de la inquilina al desalojo voluntario del inmueble y el expediente de multas coercitivas y ejecución subsidiaria municipal frente a la propiedad por no acometer las obras requeridas en plazo, ésta decide interponer la demanda solicitando la suspensión del contrato de arrendamiento, lo cual finaliza con la sentencia que se va a ejecutar el 8 de julio”.

La sentencia está recurrida en apelación. Pero la propiedad pide la ejecución provisional de la sentencia “ante la situación de peligrosidad e inseguridad del inmueble y de la propia inquilina (según dice en su demanda)”.

La inquilina fue atendida en Procasa en octubre de 2017, dice el Ayuntamiento, donde “recibió asesoramiento jurídico de la abogada de la entidad, que la volverá a atender la próxima semana”.

Además, añaden las fuentes  municipales que la semana pasada “se le ha informado por la educadora social de Procasa de los recursos del Ayuntamiento para ayudarla a sufragar los costes de un realojamiento provisional”  y este miércoles se ha efectuado una visita a su vivienda para comprobar la situación de búsqueda de recursos por parte de dicha trabajadora y una asistente social de los Servicios Sociales.  Desde el Consistorio precisan que “la inquilina nunca había acudido a AASS ni existe ningún signo de vulnerabilidad económica”.

La familia se encuentra en estos momentos buscando apoyos y fórmulas para hacer frente al desalojo, mientras que se afanan en recoger todas sus pertenencias para hacer la mudanza a otro lugar.

El problema en toda esta historia es que esta mujer, con 84 años y tres personas más viviendo en su casa, no cuenta con una alternativa habitacional; hay que cumplir la norma para que se puedan acometer las obras e impedir cualquier situación de inseguridad, pero a la vez hay que buscar alguna manera de encontrar una vivienda que se adapte a la situación de una mujer que apenas si sale de casa.

 

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