La familia compuesta por Amparo Martínez del Amor, su pareja y su hija, viene de largo. Concretamente desde 2008. Esta familia es propietaria de una vivienda en Enrique de las Marinas, 12, 2º derecha.
Hace ya bastantes años, en mayo de 2007, solicitaban ser beneficiarios del programa de rehabilitación autonómica por el que en 2008 se le concedía una subvención del 75 por ciento para ejecutar las obras que tenían un presupuesto total de 12.782 euros. En aquellos momentos funcionaba la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico, desde donde la que fuera su gerente Carolina Camacho manifestaba esta actuación como una de las “prioridades” del citado ente, tal y como constan en varios escritos, siendo uno de ellos de abril de 2011.
Al final, la situación de crisis económica se convertía en la principal excusa para no acometer dicha prioridad.
El problema de la situación de esta familia se agravaba en julio de 2010 cuando se ven obligados a abandonar la casa por problemas estructurales. De ahí que se tuvieran que ir a vivir a otra casa, a la vez que siguen afrontando la hipoteca de su vivienda en propiedad.
En informes de los técnicos municipales del área de Urbanismo se indica que, en esa fecha y en 2014, seguían sin llevarse a cabo obras de la Inspección Técnica de Edificios. Las obras que tenían que acometerse eran “refuerzo y sustitución de forjado, resolución de grietas y fisuras y dotar de impermeabilidad a la vivienda”.
Según informan desde la Administración andaluza, “esta familia tras tener que abandonar la finca se alojó temporalmente en dos viviendas de familiares hasta el 14 de noviembre de 2011. “En atención al problema que padecían y de forma excepcional dado que no se contempla el realojo a propietarios, se le adjudicó una vivienda de realojo de dos dormitorios propiedad de AVRA en la calle Teniente Andújar 32, por la que debían abonar una renta de 81,29 euros”.
Sin embargo, la familia realojada no ha cumplido con sus obligaciones y “ha dejado de abonar numerosas mensualidades durante los años que lleva residiendo en la vivienda de Teniente Andújar 32. Ello motivó que el 28 de mayo de 2015 firmara un compromiso de abono de deuda que tampoco ha llegado a cumplir, acumulándose en la actualidad una importante cantidad pendiente de pago”, dice la Junta.
Ante el panorama al que se enfrentaba Amparo y su familia decidió pedir la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz. También escribió a la anterior alcaldesa, Teófila Martínez, que la derivó a servicios sociales, y al actual regidor, José María González, del que no ha recibido respuesta, según dice la mujer. De ser una prioridad dicha reivindicación de ayudas para acometer la rehabilitación han pasado al olvido, se queja la dueña de la casa.
Según la Administración autonómica, la comunidad de propietarios de dicho edificio solicitó, con fecha 2 de mayo de 2007, acogerse al programa de Rehabilitación Autonómica, que contemplaba subvenciones de hasta el 75% del presupuesto total de las obras. “Con fecha 15 de julio de 2009 se presenta acta de renuncia de dicha solicitud porque no existía acuerdo en la comunidad”. La renuncia es la que ha podido provocar que se paralice todo el procedimiento por el cual aún no se ha acometido rehabilitación alguna en la finca, puesto que los dueños no cuentan con posibilidades económicas para acometer la obra. También en julio de 2009, la comunidad de propietarios solicita acogerse al Programa de Rehabilitación de Edificios. Sin embargo, dice la Junta, el expediente no obtuvo la calificación, debido a las limitaciones presupuestarias en 2009, por lo que la comunidad no realizó ningún tipo de obra con ayuda de la Junta de Andalucía, según explican a Viva Cádiz fuentes del Gobierno andaluz.
Entre las deudas, que la propiedad está necesitada de obras y no hay montante económico para ello, la situación se tiñe de gris para esta familia que busca la intervención de la Junta.
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