No estamos a dos de mayo pero el gobierno andaluz ha adelantado su balance de los 100 días de gobierno –sin haberlos agotado- para ayudar en la campaña a Casado, Rivera…y a Abascal, que está en el fondo. La herencia recibida no puede sino calificarse de catastrófica, según las afirmaciones que realiza el presidente de la Junta de Andalucía.
¿Qué mejor para sus planes políticos que plantear un panorama desolador? Los datos aportados contra el anterior gobierno son: 500.000 de andaluces más en listas de espera, 35.000 esperando la aplicación de la ley de Dependencia, 26.993 millones de euros sin ejecutar, 2.998 millones en subvenciones sin justificar, 4.665 millones pendientes de cobro y 762 millones por condenas judiciales que deben abonarse. El corolario lógico ante tamaño desastre político, económico y social es entregar el gobierno andaluz de nuevo a Susana Díaz y fijarle las obligaciones desde el parlamento y entre PP, Ciudadanos y Vox y esperar a que lo arregle para hacerse cargo –mediante moción de censura- cuando lo haya solucionado. Así no tendrían que afrontar las obligaciones indeseables de tamaño desaguisado. Pero no, desde la misma noche electoral decidieron coger el poder, pero portando un libro de cabecera para todo el recorrido, el bíblico Libro de las Lamentaciones: “Mis ojos se consumen por las lágrimas, hierven mis entrañas; mi hiel se derrama por tierra, a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo, mientras niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad” recitan desde el Consejo de Gobierno. Gobernar, poco. Pero manteniéndose “Llueva, granice o haga viento”.
Han anunciado la separación de los cargos públicos imputados, auditoría de todo el gasto de la Junta, medidas sobre la administración paralela, supresión de los aforamientos, protección de los denunciantes de fraude y corrupción, comisión sobre la Faffe, restricción de la libre designación, limitar a ocho años la duración del mandato de presidente y consejeros de la Junta, reforma de Canal Sur, tarifa plana para autónomos, bajada de impuestos, reconocer la condición de autoridad al profesorado, ley de formación profesional, reducción efectiva de las listas de espera, etc… La mayoría son buenos propósitos –o malos- pero propósitos. La verdad se verá cuando lleguen los presupuestos que están ocultos, tras intenciones no desveladas aún, pero con menos ingresos se verá qué gastos se verán afectados. Será la hora de la verdad.
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