Deberes hechos... con matices

A la Junta le han sobrado hojas del calendario para poner en marcha sus primeros 20 compromisos, los que se marcaron para los primeros cien días de gobierno. Esas al menos son las cuentas que hace el propio Ejecutivo, que ha sacado pecho con que terminará los deberes una semana antes de tiempo. Esto es una realidad, al menos sobre el papel, aunque con sus matices y hasta con algún que otro aspecto discutible.

Lo cierto es que la semana que viene, concretamente el 1 de mayo, se cumplen cien días de la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, tres días después de que Juanma Moreno ocupase oficialmente la Presidencia de la Junta. Para este tiempo, el propio Ejecutivo se marcó una serie de tareas que PP y Cs desgranaron en esos 20 puntos que hasta rubricaron por escrito.

Ha sido el vicepresidente, Juan Marín, el que se ha encargado de asegurar que les sobran días para cumplir el “cien por cien” de estas 20 medidas. El pleno se alcanzará en el Consejo de Gobierno de este martes, que dará luz verde a dos cuestiones que quedaban pendientes: la limitación de los mandatos tanto del presidente como de los consejeros y un plan para la mejora de la gestión de la política migratoria.

¿Se han cumplido realmente los 20 compromisos iniciales? Pues en cierto modo depende de cómo se mire, pero es innegable que el grueso de las iniciativas se han puesto en marcha, al menos formalmente. La bandera que más se enarbola es la fiscal, con la casi eliminación del Impuesto de Sucesiones y la reducción del tramo autonómico del IRPF, dos iniciativas que, eso sí, benefician sobre todo a las grandes fortunas y a los que más cobran.

Auditorías pendientes

Otra de las promesas que más expectativas generó, la auditoría integral de la Junta, quedó muy descafeinada cuando al final se decidió poner el foco en 14 entidades del sector público. Se dijo además que sería un examen externo y acabó por encargarse a la Intervención General y a la Cámara de Cuentas, que ya fiscalizan estas empresas, unos exámenes por cierto que al final se conocerán tras las elecciones generales pese a que inicialmente se amagó con hacerlos públicos en plena campaña electoral.

Lo más indefinido es el compromiso de una Ley de Despolitización, de la que no se ha vuelto a tener noticias. En paralelo, se ha seguido utilizando con profusión el denostado sistema de libre designación para nombrar a los cargos y, de paso, se ha incumplido el anuncio de que los directivos públicos sean elegidos siempre por concurso público.

Algunas medidas han sido enunciadas sin más, como la difusa Ley de Familias de la que no se han querido dar detalles, o se ha anunciado que se ponen en marcha grupos de trabajo o de expertos (para la centralización administrativa, para la RTVA...) cuyos frutos tardarán en conocerse. Otras iniciativas han estado por debajo de lo anunciado, como el refuerzo educativo en Primaria que se aplicará sólo en verano, mientras que para otras hace falta una profesión de fe, como que se destinará el 20% del presupuesto de sanidad a atención primaria.

Entre las medidas puestas en marcha, la que más debate político ha generado ha sido, al margen de la rebaja fiscal, la intención de reformar el Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos. También arrancó la comisión de investigación de la Faffe y se iniciaron los trámites para la ley que protegerá a los funcionarios que denuncien fraude o corrupción.

Junto a infinidad de grupos para reducir la burocracia, se ha aprobado también la ampliación de la tarifa plana para autónomos, y se han dado los primeros pasos para iniciativas como la ley de Formación Profesional.

Está por ver si se aplicará lo de tolerancia cero ante el primer caso de corrupción y quedó pendiente la entrevista con Pedro Sánchez, aunque se le pidieron por carta 4.000 millones más para Andalucía.

En definitiva, que se han hecho los deberes con unos matices a los que seguro que ni PP ni Cs dan importancia. Cuestión de puntos de vista...

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