Como no hay escarmiento con el referéndum del Brexit en el Reino Unido, que se llevó por delante a David Cameron, con el que convocó Matteo Renzi en Italia, que le costó el cargo, y con las consultas catalanas en España, que se han llevado por delante a Artur Mas y a Puigdemont, el presidente del PP, Pablo Casado, no tiene mejor ocurrencia que de definir las futuras elecciones como un referéndum, pero en toda España. Ha dado a la prensa hasta la pregunta: “¿Queremos que Torra siga mandando en toda España a través de un Gobierno Frankenstein de Sánchez o queremos que haya una alternativa liderada por el PP que nunca va a pactar con independentistas, ni con los comunistas de Podemos, ni con los batasunos de Otegi?". Conmovedora cuestión que se acerca a la realidad tanto como la existencia de marcianos en las pedanías de Jerez. Algunos de esos partidos apoyaron a Sánchez porque quisieron quitar de la presidencia del gobierno a Rajoy, tras la condena al PP. No hubo más, como se demostró en los presupuestos.
"¿No querían referéndum?, referéndum el 28 de abril en las elecciones generales". Las futuras elecciones no van de eso. Hay decenas de problemas que quieren ocultarse tras el debate identitario. En eso independentistas y derecha están de acuerdo, aunque en posiciones evidentemente divergentes. Los extremos se tocan. A ambos interesa que en Cataluña y en el resto de España no haya más cuestión en discusión que la continuidad de España como “patria común e indivisible de todos los españoles”, que señala el artículo 2 de la Constitución.¿O interesan también los otros 169 artículos que hablan de la vivienda, la salud, la democracia, el trabajo, las autonomías, los derechos fundamentales y demás problemas que atañen a un país que necesita colocarse en una posición de competitividad internacional en un mundo global?
El reduccionismo de una campaña, que pretende centrarse únicamente en ese presunto referéndum, significaría autoamputar los problemas de la gran mayoría de los españoles, preocupados por el empleo, la corrupción y el fraude, los partidos políticos y los problemas económicos. El problema catalán ahora está en el 7% mientras que durante el gobierno del PP llegó al 29%, en octubre de 2017. Es hora de abrir perspectivas a las nuevas generaciones, una España desde el respeto y la tolerancia todavía es posible.
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