La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, “nos autorizó para desmontar los restos que coincidían con la cimentación”. Así lo manifestaba, y argumentaba con el permiso, el arquitecto Gumersindo Fernández, gestor la promoción para la construcción de viviendas en régimen de cooperativa de Barrocal 9-11. Un lugar donde hace algunas semanas aparecían restos almohades.
Dicha promoción no es de apartamentos turísticos, sino que se construirán viviendas en un edificio de cuatro plantas: sótano, planta baja, entreplanta, planta primera y segunda. En los estatutos de la comunidad sí que se incluye que los propietarios de las viviendas la puedan explotar como consideren oportuno, concreta Fernández.
En relación con el tema arqueológico, que ha provocado la reacción de colectivos, vecinos y el propio Ayuntamiento, el arquitecto indica que “se ha seguido la legislación de Patrimonio Histórico, contando con un arqueólogo desde el inicio de las excavaciones, antes de que aparecieran los restos. En un primer momento se llevaron a cabo excavaciones hasta la huella del edificio y a la profundidad de la cimentación, para posteriormente realizar excavaciones “más de lo obligatorio” por petición de la Junta de Andalucía “hasta donde era factible por los linderos colindantes”. Unas labores que han corrido a cargo de la empresa promotora.
Tras la excavación, se documentó todo por parte de los expertos y la Junta “nos autorizó al desmontaje”, tal y como consta en el documento oficial. No obstante, la promotora ha trasladado de manera informal al entorno de la Administración autonómica la posibilidad de poder retirar “parte de los muros, desmontarlos y trasladarlos al patio de la finca”, de tal forma que se preserven los restos, tal y como piden desde los colectivos. Incluso se plantea la posibilidad de que se optase a un régimen de visitas como el que se marca para los Bienes de Interés Cultural.
“Nosotros estamos dando todas las facilidades del mundo. Han pedido informes y no se puede parar la obra”, explica el arquitecto. Con fecha de 21 de enero, desde la jefatura del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico se emitía un informe por el que se indica que “siguiendo las directrices de la delegación territorial de Cultura, una vez realizada la investigación, se procede al inicio del desmontaje de los sectores de muros necesarios para posibilitar la construcción proyectada”.
A nivel municipal
Mientras tanto, desde el Gobierno local indican que en el Plan General “se recogía ya la cautela arqueológica”, según la cual corresponde a la Junta de Andalucía el seguimiento junto con la dirección arqueológica de la empresa, de la promotora. Por tanto, “no se puede paralizar -tal y como pedía el PP- a requerimiento municipal ni mucho menos”. Corresponde a la “labor inspectora de seguimiento, control y de fiscalización de la Junta de Andalucía a través de la Comisión Provincial de Cultura y los técnicos pertinentes”.
Asimismo, agregan las fuentes consultadas por Viva Cádiz que “solo hay una posibilidad de que la paralización de la obra sea a requerimiento municipal, que es que sea un hallazgo casual”, y este no ha sido el caso, matizan desde el Consistorio.
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