En las últimas décadas en España se ha construido más que nunca. Sin embargo, y paradójicamente, cada vez son más los jóvenes con problemas para encontrar un alojamiento debido al aumento desmesurado de los alquileres. A esto también se suman los desahucios, ya que tenemos una ley hipotecaria que permite que si alguien no puede pagar se va a la calle. “En los últimos diez años el partido popular lo que ha hecho ha sido recortar un 70% de la financiación del Plan Estatal de Vivienda. Eso significa que hay un 70% menos de dinero para ayudas de alquiler”. Así lo expone la portavoz de En Comú en el Congreso Lucía Martín, una de las responsables del acuerdo presupuestario alcanzando entre el secretario general de Podemos y el actual Gobierno.
Las leyes que se han hecho en el congreso en los últimos 40 años están hechas para los grandes”Con la crisis se ha visto un claro incremento de la precariedad, con una población donde cada vez es mayor el número de trabajadores pobres que no son capaces de asumir los gastos y con muchos hogares que han sido desahuciados. Para Martín, una de las causas de esta situación ha sido la mala gestión de las políticas de vivienda. Si bien la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, “durante estos cuarenta años de democracia se han practicado unas políticas de vivienda que lo que han hecho ha sido concebir la vivienda como un bien de inversión, o como una pieza más de un mecanismo económico financiero inmobiliario que lo que tenía que hacer era 'dinamizar’ la economía, según el Partido Popular, aunque más bien lo que han hecho ha sido 'dinamitarlo’”, expone. En este sentido, las financieras han ofrecido muchos créditos y se ha permitido construir, “pero en ningún momento considerando la vivienda como una necesidad o un bien básico a proteger", porque “las leyes que se han hecho en el congreso en los últimos 40 años están hechas para los grandes”.
Actualmente la ciudadanía catalana ha llevado al pleno de forma transparente una medida mediante la cual se le exige a los grandes propietarios que el 30 % de los inmuebles que adquieran sean destinados a vivienda social. “A nosotros nos parece normal impulsar medidas que pongan por delante los derechos de la gente”, pero sin embargo recuerda que luchan contra “aquellos que durante años han controlado las instituciones”. De lo conseguido en Cataluña se extrae la importancia de los sindicatos de vecinos, que están jugando un papel fundamental a este respecto. Para la diputada “es importante aliarse desde abajo”. Una idea y una forma de luchar que a día de hoy no existe en el entorno gaditano.
Hasta el año 2013, el Ministerio de Hacienda estuvo concediendo ayudas para el pago de hipotecas. A día de hoy, Hacienda sigue gastando “más de mil millones de euros anuales en pagar estas ayudas, mientras que para las políticas estrictamente de vivienda se están dando 400 millones”, apunta Martín. Además, cabe recordar que “de todo el presupuesto destinado al departamento de Fomento, sólo el 5% es el que se destina a Vivienda”.
Y es que en cuestión de vivienda “estamos a años luz de las políticas europeas”. Mientras que en Europa se ha fomentado la cultura del alquiler, en España siempre se ha visto favorecida la tenencia en propiedad viéndose descalificado el sistema de arrendamientos. Esta desventaja, para la diputada tiene “una parte ‘medio buena’, ya que al ir tan atrás tenemos muchos modelos en los que fijarnos”, concluye.
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