El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este viernes un acuerdo que garantiza la continuidad de la prestación del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el término municipal “por el tiempo estrictamente imprescindible para la tramitación y adjudicación del nuevo servicio”, que no deberá exceder de un año a contar desde el 1 de agosto de 2018. Se encargará de prestar el servicio la actual concesionaria, la UTE Sufi-Cointer, que se ha comprometido a hacerlo en las mismas condiciones que hasta ahora, ascendiendo el canon anual a 16.459.309,92 euros, IVA incluido.
La moción ha sido presentada por la vía de urgencia por el Equipo de Gobierno, que la ha completado con una enmienda de adición que implica publicar un anuncio de información previa respecto del futuro concurso de recogida de residuos urbanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Tanto la moción como la enmienda de adición han sido aprobadas con el voto a favor del Equipo de Gobierno. El Grupo Socialista y Ciudadanos se han abstenido, mientras que el PP ha optado por abandonar el Salón de Plenos durante la votación, según el concejal José Blas Fernández, porque se trata de un “nuevo pliego” que ha calificado de “alegal”, agregando que el Grupo Popular “no está dispuesto a colaborar ni a ser cooperador necesario de una situación ilícita, irregular y presuntamente fraudulenta en materia de contratación”.
El alcalde de la ciudad, José María González, ha lamentado que el PP se haya ausentado en la votación de un asunto “prioritario para la ciudad” y que, dados los informes realizados tanto por la Secretaría como por la Intervención, debía ir a Pleno para “cumplir estrictamente con la legislación vigente”. En su opinión, la ausencia del PP “denota el nivel de preocupación del PP por la limpieza, la vida cotidiana y los asuntos que son importantes para la ciudad”
Por su parte, tanto el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, como el portavoz del PSOE, Fran González, han reprochado al Equipo de Gobierno su “falta de previsión”, rechazando que pueda justificarse el retraso en la redacción del nuevo pliego en la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Según han criticado, esto ha derivado en una situación “alegal” y de “inseguridad jurídica”.
Tal y como ha acordado la Junta de Portavoces antes de iniciar el Pleno, el orden del día se ha alterado para debatir en primer lugar los dos asuntos de urgencia propuestos por el Equipo de Gobierno. No obstante, la urgencia de uno de los puntos no ha sido considerada por la mayoría necesaria de concejales (14 de los 27), por lo que la propuesta de aprobación del nuevo pliego de condiciones para la enajenación del módulo hotelero de la Tribuna del Estadio tendrá que esperar a la próxima sesión plenaria.
Por otro lado, con la abstención de PP y Ciudadanos y los votos favorables del Gobierno local y del Grupo Socialista, ha salido adelante una enmienda de sustitución presentada por el PSOE que implica que se suspenda el reconocimiento de las cantidades a abonar a la empresa Compañía de Tranvías de Cádiz a San Fernando y Carraca, S.A, por valor de 2.082.028,12 euros por los déficit de explotación del ejercicio 2015.
Igualmente, se solicitará un informe a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia para que se pronuncie sobre la pertinencia y adecuación de la retribución del 15 por ciento que en concepto de beneficio industrial ha venido percibiendo la compañía cada año por los servicios, dado que dicho montante afectaría al déficit de explotación de tarifa.
Asimismo, en la sesión plenaria se ha leído la propuesta del Equipo de Gobierno, transformada en declaración institucional, encaminada a la rehabilitación, reparación y reconocimiento de todos los trabajadores municipales represaliados tras el golpe de Estado de 1936 y durante la dictadura franquista.
El Ayuntamiento disponía entonces de casi 1.400 trabajadores y, según las investigaciones realizadas hasta la fecha, entre 413 y 441 empleados municipales fueron sancionados, depurados o asesinados por motivos ideológicos o políticos, es decir, al menos el 30 por ciento de la plantilla total del Ayuntamiento.
En otro orden de asuntos, con la única abstención del PP, el Pleno ha reafirmado el acuerdo alcanzado por unanimidad en junio de 2017 a favor del cumplimiento de los Derechos Humanos por parte del Estado marroquí, tanto en relación con la población del Rif como en relación a su respuesta a las movilizaciones pacíficas que se sucedieron entre los años 2016 y 2017 tras la muerte de Mouhcine Fikri, el joven que murió triturado cuando intentaba rescatar de un camión de basura el pescado que la Policía le había requisado y arrojado dentro.
El Estado marroquí respondió a las protestas con detenciones masivas, y un año después de ese acuerdo plenario han sido condenadas 53 personas a penas que, en algunos casos, alcanzan los 20 años de cárcel. Ante ello, se ha acordado instar al Gobierno de España a poner en macha los instrumentos diplomáticos necesarios para favorecer los Derechos Humanos en Marruecos, elevar una admonición al consulado de Maruecos en Algeciras y promover el hermanamiento de la ciudad de Cádiz con Alhucemas.
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