Loreto sigue viendo cómo vecinos de toda la vida tienen que dejar sus casas ante el temor de que les llegue una notificación de desahucio de los juzgados. En los últimos días se han sumado otras dos personas a este abandono de la vivienda, por lo cual, según informa el portavoz del colectivo Juan de la Cosa ya son ocho los afectados por el desalojo de las viviendas de la Guardia Civil de Loreto. Una situación que ha denunciado la asociación de vecinos Campo de Aviación y la propia plataforma vecinal.
Desde la plataforma en defensa de este colectivo no se entiende que “se esté desalojando a vecinos de nuestras viviendas y adjudicando las mismas a otros compañeros en Régimen de Pabellón, cuando están previstas obras en 2020 ó 2021 por daños estructurales importantes”. Tanto es así que la pasada semana acudía hasta el lugar un guardia civil en activo a visitar una de las viviendas desalojadas días atrás, que ya la tenía adjudicada.
Por eso, desde la plataforma no entienden que si hay que acometer obras por daños estructurales en esas viviendas, se estén adjudicando de nuevo. “Creo que nos están mintiendo. Es una vergüenza que por un lado nos digan una cosa y por otro vayan haciendo lo contrario. ¿No será que la política de asustas viejas se está cumpliendo como ya dije y nadie quiere hacer nada?”
Por otro lado, desde la plataforma se presentaba una solicitud de información sobre si las viviendas de la calle Juan de la Cosa tienen actualmente o han tenido en algún momento concertado seguro contra incendios o contra cualquier otra contingencia. A este respecto desde la Dirección General de la Guardia Civil se les informa que cuando el servicio de Acuartelamiento se subrogó las funciones del antiguo Patronato de Viviendas de la Guardia Civil “no consideró necesario mantener asegurado el contingente de las citadas viviendas, dado que dicho traspaso supuso que las viviendas gozaran de las prerrogativas de garantía del Estado”.
Ante esta situación, Lucena acudía en la jornada de este lunes para denunciar la situación a las Oficinas del Consumidor del Ayuntamiento de Cádiz, donde le indicaban que no eran competentes en la materia, y a Junta de Andalucía. Según Lucena, ahora habrá que esperar a que el Gobierno andaluz “estudie la situación y se vea si los sancionan o están cometiendo una falta grave”.
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