El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz --Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común-- llevará al Pleno municipal del mes de marzo que se celebra este viernes realizar una auditoría ciudadana en las cuentas municipales que analice el origen de la deuda así como las políticas públicas ejecutadas por el Consistorio cuando estaba gobernado por el PP y "que originaron el endeudamiento".
En un comunicado, el gobierno local ha recordado que vino "con la promesa de llevar a cabo una auditoría pública porque creemos firmemente que los ciudadanos tienen derecho a acceder a información veraz y contrastada de la deuda del Ayuntamiento, sus empresas y organismos".
Asimismo, la propuesta incluye a todos los grupos municipales y a la ciudadanía por igual, para que sea un proceso "transparente y responsable".
Por otra parte, desde el gobierno local han propuesto renovar el hermanamiento con la República Árabe Saharaui, el cual está cerca de cumplir su 25 aniversario. Este hermanamiento tiene como objetivo "estrechar lazos con un pueblo hermano como es el saharaui, que sufre una situación de represión, así como llevar a cabo todos los proyectos de cooperación que sean acordados entre Wilaya de Djala y la Asociación Salam Paz".
El equipo de gobierno, además, ha propuesto instar al Gobierno Central a que lleve a cabo una reforma legal urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos ya que "ignora reivindicaciones fundamentales para los gobiernos locales, como alargar la duración de los contratos de los tres años actuales a un mínimo de cinco para favorecer la estabilidad o establecer una limitación del aumento de los precios entre contrato y contrato que impida alquileres abusivos".
De igual modo, el equipo municipal llevará su solidaridad con el profesorado interino e instará a la Consejería de Educación a firmar un acuerdo de estabilidad que garantice que quienes estén trabajando puedan continuar haciéndolo con tranquilidad.
Por último, recogerán una demanda de la Federación Estatal de Derecho a Morir Dignamente para abrir un debate sobre la despenalización de la eutanasia así como el compromiso de las administraciones para la difusión y pedagogía sobre el derecho a morir dignamente.
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