La Fiscalía ha reiterado que no cree que el alcalde de Cádiz, José María González, cometiera algún delito de injurias o de calumnias cuando acusó al anterior equipo municipal de dar "a sabiendas" agua contaminada al barrio de Loreto en 2014, antes de que se procediera al corte del suministro.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la Fiscalía Provincial de Cádiz ha entregado un nuevo informe en el que apunta que no ve que ni el alcalde, ni el exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, ni el jefe de Gabinete del Ayuntamiento gaditano, José Vicente Barcía, cometieran los delitos de los que les acusaba el PP en una querella.
Para la Fiscalía las declaraciones de José María González, el concejal y su jefe de gabinete sobre la gestión que hizo el anterior gobierno municipal del episodio de contaminación del agua del barrio de Loreto encajan dentro de una "dura" crítica política, pero no suponen un delito ni de injurias ni de calumnias, tal y como consideraba en su querella el PP.
Este nuevo informe de la fiscalía sobre este asunto se produce después de que el PP recurriera el auto del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz que en septiembre de 2016 decretó el archivo de las diligencias provisionales abiertas a raíz de que González Santos acusara al anterior gobierno municipal de haber suministrado "a sabiendas" agua contaminada durante varios días de 2014 a los 10.000 vecinos del barrio de Loreto, antes de proceder al corte que afectó a la zona durante catorce días.
Tras el recurso del PP, la Audiencia Provincial reabrió el caso, por lo que volvió a practicar diligencias como tomar declaración al alcalde de Cádiz, quien en su comparecencia el pasado 14 de febrero ratificó su opinión de la "mala gestión técnica y política" que hizo el gobierno municipal del PP del episodio de la contaminación del agua.
El alcalde también negó que tuviera "voluntad de ofender, injuriar o calumniar" a la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez (PP) o al expresidente de Aguas de Cádiz y concejal del PP Ignacio Romaní durante una asamblea ante los vecinos del barrio de Loreto para explicar el informe sobre las causas de la contaminación del agua y la posterior gestión de la situación.
El equipo municipal también llevó a fiscalía al anterior gobierno del PP, pero el caso también fue archivado
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