Frases como “la municipalización es técnicamente viable” o “se trata de un proceso pionero que desata inseguridades”, así como que es “un avance que cumple un elemento importante de nuestro programa” son las que utilizó el alcalde de Cádiz, José María González, tras la comisión de municipalización celebrada el martes en el Consistorio. Una reunión que contó con la presencia de los técnicos de Medio Ambiente o Alumbrado, así como con el secretario municipal y el interventor, además de una representación de los sindicatos municipales y de las propias empresas.
El alcalde puso de manifiesto que se trata de un “proceso largo y dilatado, que levantó dudas, pero, teniendo en cuenta que los técnicos avalan el proceso, dicen que es eficaz y sostenible, ahora toca el debate político”, debe seguir su curso. Afirmó que “va a estar en Semana Santa listo porque técnicamente es viable. Los comités de empresa son imprescindibles, y la puesta en marcha depende de la capacidad de colaboración”, por lo que no debe de haber problemas.
Sin embargo desde Ciudadanos y el PP se pone de manifiesto una serie de dudas técnicas, que incluyen las reivindicaciones que realizaron algunos sindicatos, mientras que el PSOE votaba a favor de llevar a Pleno el procedimiento, “exigiendo que el proceso cumpla con todas las garantías”.
Según Juan Manuel Pérez Dorao, “el alcalde tiene una prisa desmesurada, habida cuenta de las incógnitas y cuestonamientos que se han puesto encima de la mesa”. Según explicó, existe una cantidad de dudas “no resueltas”, relacionadas con el coste efectivo del servicio, el incremento del coste salarial, el pago de las nóminas, el incremento para las limpiadoras de los módulos o la estructura administrativa y de dirección de la empresa Cádiz 2000 que es muy limitada, para la incorporación de esos trabajadores.
Según Pérez Dorao, el alcalde busca “convertir un asunto técnico en una cuestión política. Lo ve como una cuestión de ideología política y no como prestación de servicio público”.
Ciudadanos puso de manifiesto una vez más que es “contrario a la municipalización en esas condiciones, no se mejorará las condiciones laborales de los trabajadores, ni la prestación del servicio, y además va a costar más dinero al Ayuntamiento”.
Asimismo, añadió que “no se garantiza que quienes se incorporen a un servicio de titularidad municipal lo hagan bajo los criterios de igualdad,capacidad y mérito.Es una entrada por la puerta de atrás”.
A juicio del PP, la comisión fue “kafkiana”. Ignacio Romaní criticó que el alcalde lo que quería era “cerrar la comisión en falso cuando las condiciones de los trabajadores no van a mejorar, es mentira”. A su juicio se está propiciando una “situación de inconciencia”. Por ello, el PP votará en contra del procedimiento, “porque aboca a una quiebra difícil de superar en años venideros y condiciona el futuro de las subcontratas”.
El portavoz popular relata que le recuerda a las advertencias que les hicimos con la Edusy. “Creemos que el proceso ha empezado con mal pie pero lo peor es que se juega con la nómina de los trabajadores y en Semana Santa hay que dar el servicio. Lleva al precipicio el sistema”.
Los populares advirtieron que van a poner en marcha todos los procedimientos legales que haya porque “no hay informe de sostenibilidad, no hay informe sobre cómo se modifican los estatutos de las empresas, cobrar lo mismo que los trabajadores de Aguas de Cádiz no se ha computado con los datos de la empresa municipal. Están intentando bordear la ley”.
Aclara además que el Gobierno local no informó a los representantes sindicales. Romaní advirtió que “no vale escudarse en los técnicos, los socialistas serán responsables de lo que voten en el Pleno. No están los informes completos ni el procedimiento está asegurado”.
Según el PP, “hoy en día, con el contrato que se está pagando a día de hoy la municipalización es más cara”.
Cambio del modelo
Mientras, desde el grupo socialista se votaba a favor de elevar a Pleno municipal el expediente de municipalización, aclarando que “ha sido un voto condicionado, porque aunque están de acuerdo con el cambio de modelo, seguimos teniendo dudas sobre la gestión y el desarrollo del procedimiento”.
Según el portavoz Fran González, “los socialistas estamos a favor de pasar de un sistema de servicios externalizados a otro en el que sea el Ayuntamiento el que los preste. Amparados por el informe del interventor y el secretario que avala este cambio de gestión, hemos votado a favor de elevarlo a Pleno”.
En la siguiente fase, explica en su nota el grupo socialista, “es el equipo de gobierno el responsable de llevar a cabo una gestión eficiente y con garantías, tanto de la prestación de estos servicios básicos para la ciudad, como de la situación laboral de los trabajadores”, aseguró Fran González.
¿Cómo entrarían los trabajadores?
Según Juan Manuel Pérez Dorao (C´s), “los trabajadores entrarán como si fuera un procedimiento de subrogación, pero al no ser una empresa privada, al ser pública, por ley tendrán que someterse a un criterio de selección: oposición, concurso oposición, o a concurso de méritos, cualquiera de los tres”. Según Pérez Dorao, “esto no está previsto, ni se sabe cuándo se hará ni el coste indemnizatorio de que todos los trabajadores no sean seleccionados mediante este procedimiento”. Hay que recordar que tiene consolidado un derecho indemnizatorio mediante su antigüedad en la empresa y eso no está calculado”.
El edil de Ciudadanos teme que se vaya a “a hacer esto y el proceso de selección se hará para tiempos venideros, y al final se habrá conculcado el principio fundamental de la contratación pública -igualdad, capacidad y mérito- y nosotros no estamos en disposición de avalarlo”.
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