El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, ha señalado hoy que en 2017 se tienen que corregir las graves deficiencias en materia de medios humanos y materiales en los juzgados de lo Social de la provincia, para reducir las elevadas cargas de trabajo y los retrasos en los tiempos de respuesta que afectan a los tres territorios de la provincia: Cádiz-Bahía, Jerez y Campo de Gibraltar.
Este asunto ha centrado la reunión de la junta de gobierno de esta corporación profesional, que ha celebrado hoy su última reunión del año. Su máximo responsable, al frente de más de 700 colegiados, ha alertado de la situación “de la que se ha hecho eco el Consejo General del Poder Judicial”. El propio órgano de gobierno de los jueces ha alertado –en un informe de sus inspectores- de la situación de elevada carga de trabajo y la existencia de indicadores de resolución y atención de casos muy elevados, superiores a un año.
Concretamente, el colegio de graduados sociales demanda, en línea con el informe del CGPC, la creación de un nuevo juzgado en el Campo de Gibraltar y, adicionalmente, la creación de plazas de jueces de apoyo en las demarcaciones de Jerez y Cádiz para atender situaciones de gran calado social: indemnizaciones, reclamaciones de cantidad, conflictos entre trabajadores y empresas, etc.
La Ciudad de la Justicia de Cádiz es otro de los temas que, transcurrido otro año más desde que en 2001se anunció a bombo y platillo su puesta en marcha, “no se ha hecho nada”.
En este sentido, el presidente del colegio anuncia que solicitará en breve una entrevista con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, quien aseguró en octubre del 2015 la inminente puesta en marcha del número 2 de lo Social en Algeciras, entre otras mejoras de medios en los juzgados de la provincia, sin que hasta ahora se hayan llevado a cabo. José Blas
Fernández lamenta igualmente que el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, lleve seis meses sin atender una petición de reunión sobre este tema, “motivo por el que vamos a dirigirnos directamente al consejero, al no poder contar con una interlocución más cerca, como cabría esperar, con el representante de la comunidad autónoma en la provincia”.
Los juzgados de lo Social, además, deben estar presididos por “especialistas en la materia, asistidos también por peritos especialistas que acrediten su aptitud para valorar asuntos laborales o de la Seguridad Social, como somos los graduados sociales”.
Consolidación del Colegio en 2016
José Blas Fernández Sánchez se ha referido también a lo que considera un “balance positivo” de la organización que preside en los últimos 12 meses. “consolidando nuestro colegio y nuestra profesión como referente social y jurídico, imprimiendo dinamismo a todos los temas importantes para nuestros colegiados: la implantación del sistema telemático LexNet, el impulso de la mediación y las vías extrajudiciales, el impulso de nuestras relaciones con la Universidad de Cádiz o la organización de numerosos eventos formativos y e informativos”, ha resumido, destacando como colofón la presencia en el colegio del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
De cara a 2017, el colegio seguirá potenciando sus programas formativos para profesionales jurídicos, el turno de oficio gratuito y la concesión de distinciones a reconocidas personalidades del ámbito judicial y social.
Elegido para un nuevo mandato al frente del colegio el pasado mes de septiembre, José Blas Fernández Sánchez le pide a 2017 que sea un año “de consenso institucional y político que sirva para avanzar en las reformas necesarias para favorecer la creación de empleo mediante palancas como la simplificación de contratos. En estos temas, los políticos siempre podrán contar con nuestra colaboración como operadores jurídicos y expertos en materia laboral y social”.
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