Ante el anuncio de la Empresa José Manuel Pascual S.A. de que no puede abonar la nómina a sus trabajadores por falta de pago de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud desea aclarar que "la situación de insolvencia obedece a una estrategia de desgaste y presión mantenida en el tiempo como consecuencia del rechazo a las distintas ofertas realizadas por la Administración".
En ese sentido, cabe recordar que "esta empresa no se ha presentado a ninguno de los dos procesos públicos de licitación celebrados recientemente; ni al procedimiento negociado sin publicidad (con mejoras importantes con respecto al anterior contrato) para los hospitales en los municipios gaditanos donde no existe competencia; ni al concurso abierto para contratar servicios en las provincias de Cádiz capital, Huelva y Málaga, donde sí han concurrido otros hospitales homologados".
Para el SAS "esta actitud beligerante contrasta con la oferta de diálogo permanente por parte de la Junta y que ayer expresó el vicepresidente de la Administración autonómica y que hoy ha vuelto a reiterar el consejero de Salud".
Por esol "la no solvencia económica anunciada por la empresa frente a los trabajadores, oculta intereses ajenos a la voluntad de esta Administración, que siempre ha optado por un diálogo abierto con el comité de empresa, comunicándole las diferentes fases de este proceso en múltiples ocasiones".
Por otro lado, indica el SAS que "el volumen económico de los servicios concertados tanto cuando la empresa no reconocía la prórroga del concierto, como con la nueva situación planteada por la ausencia del mismo, ha motivado actuaciones por parte de esta Administración encaminadas a garantizar el derecho de los ciudadanos a la asistencia hospitalaria y a las retribuciones de los trabajadores. Así, en primer lugar se realizaron consignaciones económicas en los juzgados por los importes correspondientes al concierto vigente durante la prórroga. Y además, recientemente, el SAS también ha iniciado un expediente administrativo con el fin de abonar los servicios prestados por la empresa Pascual entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 en las mismas condiciones que el concurso anterior, hasta que se resuelva la discrepancia con la facturación que dicha empresa realiza".
Al respecto señala que "la responsabilidad del Gobierno andaluz es garantizar el derecho a la atención sanitaria y respetar siempre la legalidad en los conciertos de la administración pública, por lo que seguirá intentando llegar a un acuerdo que respete las condiciones legales vigentes, al mismo tiempo que se seguirán buscando alternativas si no se llega al mismo".
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