"El tiempo se está agotando". Con esta afirmación, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, se ha referido al conflicto abierto entre la Consejería de Salud y el empresario gaditano José Manuel Pascual, propietario de seis centros hospitalarios en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga, cuyo concierto sanitario está siendo objeto de negociación, sin que en los últimos meses se hayan producido avances.
Durante una visita institucional al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, una de las localidades afectadas por este conflicto sanitario, Jiménez Barrios ha realizado un llamamiento al diálogo y a la cordura y ha enmarcado el conflicto en las "pretensiones económicas" del empresario gaditano, a quien el vicepresidente andaluz ha emplazado a aceptar la última oferta presentada por la Junta de Andalucía. "La Consejería y la Junta quieren llegar a un acuerdo con la empresa Pascual", ha insistido durante su comparecencia y ante las preguntas de los periodistas sobre el fin de un conflicto cada vez más enconado. Según Jiménez Barrios, esta propuesta incluye los seis centros hospitalarios y aumenta la cuantía económica del último concierto firmado con Pascual, además de firmarse para cuatro años "y no para dos, como se firmaron los anteriores". La oferta del Gobierno andaluz, según datos consultados por este medio, es de 108 millones de euros, mientras que el empresario, según las mismas fuentes, pediría 40 millones de euros más para el concierto de sólo tres de los hospitales, los que tienen puerta de urgencias.
"Estamos ante un desacuerdo por el dinero", ha afirmado Jiménez Barrios, quien ha rechazado la pretensión del empresario "que quiere cobrar lo que la Junta no puede pagar" porque "la Junta no es una empresa privada sino que la Junta establece los precios en base a informes técnicos y jurídicos", no atendiendo la propuesta del empresario ni a criterios económicos ni de legalidad de adjudicación.
Con todo, Jiménez Barrios ha insistido en la "voluntad de llegar a un acuerdo" y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía garantizando la asistencia sanitaria a la población.
En cuanto a la plantilla, el vicepresidente andaluz considera "lógica" su preocupación "pero también solicitamos a los trabajadores que presionen de igual manera a la empresa que a la Junta de Andalucía", ha dicho.
Sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga al SAS a pagar 14,9 millones de euros por los servicios sanitarios prestados por los hospitales Pascual durante el mes de mayo de 2014, fecha en la que no estaba en vigencia el concierto sanitario, el vicepresidente andaluz ha anunciado que la Junta ya ha recurrido este fallo y que el Gobierno andaluz "pleiteará para defender los precios". "Si ha ganado la sentencia porque el precio es libre - ha remarcado Jiménez Barrios - no tendrá dificultad alguna en seguir facturando", ha añadido.
No obstante, desde el comité de empresa apuntan que la oferta del SAS "dejaría con actividad casi testimonial" a los tres hospitales que no tienen puerta de urgencias -San Rafael, en Cádiz, Blanca Paloma en Huelva y F.A.C. Dr. Pascual en Málaga - mientras que el aumento de la cuantía se destinaría a aumentar la cartera de servicios de los tres hospitales de la provincia de Cádiz que sí cuentan con servicio de urgencias, los de Sanlúcar, Villamartín y El Puerto de Santa María.
Una propuesta que tampoco convence a la plantilla, que este próximo lunes celebrará una manifestación en Cádiz capital. "La consideramos totalmente insuficiente para que se garantice con ella la viabilidad de estos centros y el mantenimiento de las plantillas", apuntaba el presidente del comité intercentros, José María Manzano, preguntado por la propuesta.
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