La asociación Marea Negra por la Seguridad Privada denuncia la situación del colectivo de los vigilantes privados en la provincia de Cádiz.
Para empezar, a través de su vicepresidente, José Antonio Carbonell, indican que existe un alto índice de intrusismo, lo que supone una tasa de paro del 70% de los vigilantes privados. Por ello, denuncian “la pasividad y dejadez de los organismos oficiales”, tales como las delegaciones del Gobierno, pues de estas depende que “muchas de las empresas intrusas sigan prestando servicios o no. Muchas empresas de servicios están sancionadas, pero a fecha de hoy siguen funcionando”, porque, como indica Carbonell, el procedimiento que se pone en marcha es muy “lento”.
En cifras, habla de 4.500 habilitaciones a nivel provincial, pero de ahí hay que contar que el 70% se encuentra en paro, lo que supone situaciones límite para estos trabajadores, como bien apuntan desde Marea Negra. “Nos llaman a diario para denunciar la situación que sufren en Cádiz porque nadie mira por ellos”.
Además, aseguran que, con pruebas (fotografías y videos), se ha puesto en conocimiento de la Unidad Provincial la situación existente, que a su vez las envía a la Delegación del Gobierno, que las reenvía a la Unidad Provincial de Madrid, organismo que sanciona, lo que supone una demora importante en el procedimiento, por lo que “hay empresas que, un año después, sigun funcionando” o bien han desaparecido, explica el vicepresidente de Marea Negra.
Casos concretos
Con casos concretos, se refiere al Club Nacional Nazaret de Jerez, en el quepresta servicios una empresa que ya está denunciada y que tiene trabajando “a tres auxiliares en labores de seguridad, cuando antaño había un equipo de quince vigilantes habilitados. Personal no cualificado es el que está hoy. ¿Por qué no sanciona la delegación? ¿Por qué no suspende definitivamente a esta empresa de servicios para que no los preste en un lugar que por ley está totalmente prohibido? En el Código Penal, artículo 403, habla del intrusismo y está penado con multas y prisión”, pero a lo más que se llega, como aclara, es a que se interpongan “sanciones administrativas”.
Otros casos que apuntan desde Marea Negra es en Aqualand, en El Puerto; el centro comercial Área Sur, el 90% de las bodegas, Luz Shopping, Ikea, piscinas de Jerez; conciertos o el circuito de motociclismo de Jerez. “Estos son solo unos ejemplos donde se ignora una ley nacional, la ley 5/2014 de seguridad privada”.
“Nosotros, sin ayudas de nadie, luchamos contra el intrusismo, yendo a los servicios” y denunciando las situaciones que lo merecen.
Falta de formación de los vigilantes
Por otro lado, piden que el Gobierno central no mienta a la ciudadanía indicando que los vigilantes de seguridad están formados y enterados del protocolo a llevar a cabo dado el nivel de alerta 4 yihadista, porque no es así, denuncian.
Quieren informar a los ciudadanos
Cansados de que no se les trate como se merecen, Marea Negra reivindica que la ciudadanía conozca, de primera mano, la situación por la que atraviesan, sobre todo cuando sus funciones hacen posible que se salven vidas.
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