La Comisión Ejecutiva Provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Cádiz, informa, a través de una nota de prensa que “ante la pasividad, ineficacia y despreocupación, así como ante la falta de consideración hacia la ciudadanía y los funcionarios policiales de Cádiz, que muestra la Dirección General de la Policía (DGP)”, ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la Dirección General de la Inspección de Trabajo por los “riesgos para la salud pública que existen en el Edificio de la Comisaría de la Policía Nacional en Cádiz, así como por la ineficacia de la DGP en el traslado de dicha comisaría”.
El Sindicato Unificado de Policía de Cádiz (SUP) explica que “el tiempo pasa, y las cuatro semanas que el comisario Provincial de Cádiz dio para el traslado de la Comisaria de Policía, han llegado a su fin”, pero “no asi los riesgos que este sindicato policial viene denunciando desde el comienzo de las obras de rehabilitación a principios del presente año”.
Según el SUP, “en la comisaria de la capital gaditana, estos riesgos persisten e incluso se han incrementado con la aparición de amianto en algunas zonas del edificio, y sin embargo el traslado de los funcionarios a unas instalaciones seguras no se produce”.
Al respecto, señala este sindicato que “las obras que inicialmente estaban dirigidas a la rehabilitación de fachada y sustitución de ventanas del edificio” han revelado “otros vicios constructivos graves, que afectan a la estructura del edificio”. Por ello, “el edificio tiene que ser sometido a una intervención agresiva”.
En este sentido y en el transcurso de las obras ha aparecido “amianto en sus elementos, un material que en contacto con las personas pone en grave peligro su salud e integridad física”. Un riesgo que actualmente corren tanto los funcionarios que allí trabajan como los ciudadanos que acuden a la Comisaría para realizar distintos trámitos.
Por eso ante “el pasar la pelota de los organismos autonómicos”, a los que recurrió este sindicato policial, “como El Defensor del Pueblo Andaluz, a organismos nacionales ( Defensor del Pueblo Español )” ha llevado al SUP-Cádiz a “denunciar y solicitar a la Inspección de Trabajo a que realice visita inspectora para corroborar los hechos denunciados y ordenar la clausura del edificio de forma urgente e inmediata”.
Y es que el SUP “al igual que muchos ciudadanos/as, se pregunta si ante una urgencia, como la que nos ocupa, que afecta a la salud pública, ¿es adecuada la gestión de determinados organismos e instituciones, que demoran en el tiempo la resolución inmediata de la misma?".
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