La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Cádiz, denuncia que el pago en diferido del Plan de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares anunciado recientemente de manera unilateral por la Consejería de Educación perjudica a más de 2.000 docentes que desarrollan su labor en, aproximadamente, el 30 por ciento de los centros que hay en toda la provincia.
El sector de Educación de CSIF Cádiz informa de que a principios de año la Consejería anunció, sin ningún tipo de negociación previa con los sindicatos, que el pago de este programa se iba a realizar en tres plazos, en lugar de un único abono, tal y como se establecía en la normativa que dio inicio a esta iniciativa. Según la misma, los centros que se inscribieron al Plan de Calidad en el curso 2011-2012 debían haber recibido este mes el 100% del complemento una vez finalizado el mismo, lo que suponía un importe total de 105 millones de euros en Andalucía.
Con la decisión unilateral de la Administración autonómica, este dinero se abonará ahora dividido en tres anualidades: un 33% en marzo de 2016, otro 33% en marzo de 2017 y el último 33% en marzo de 2018. Los centros acogidos al programa en el curso siguiente terminarán de cobrar este plus en 2019. Según cálculos realizados por CSIF, la cantidad media por docente que se pretende diferir está por encima de los 2.000 euros.
El sector de Educación de CSIF Cádiz, sindicato mayoritario en la Enseñanza Pública gaditana y andaluza, señala que esta modificación normativa impuesta por el Gobierno andaluz supone, desde el punto de vista jurídico, un incumplimiento de contrato. “No vamos a permitir este nuevo atropello de una Administración insensible con los docentes, que han perdido más del 30% de sus retribuciones y han sufrido un gran empeoramiento de sus condiciones laborales en los últimos años”, recalca Marian Avancino, responsable provincial de Educación de CSIF-Cádiz.
La central sindical considera que “el pago diferido que ahora quiere aplicar la Consejería es un abuso y un peligroso precedente que podría generalizarse si la Administración ve como viable empezar a pagar a plazos a la plantilla docente”. “Desde CSIF no estamos dispuestos a consentir que los empleados públicos se conviertan, una vez más, en la fuente de financiación de la Junta, por lo que si la Consejería no da marcha atrás a su decisión sobre el Plan de Calidad emprenderemos todas las acciones jurídicas que entendemos que nos asisten ante esta nueva injusticia”, subraya Avancino.
La máxima representante provincial de Educación de CSIF-Cádiz recordó que en 2013 ya se denunció la eliminación de la consolidación del complemento económico del Plan de Calidad como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no fue recurrida, de forma incomprensible, por la Administración autonómica.
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