La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha afirmado este viernes que el grupo de empresas implicadas en el caso del presunto fraude de 'Bahía Competitiva' "nunca han cobrado una ayuda" de la Junta de Andalucía.
Fuentes de la Consejería de Economía han insistido a Europa Press en que este grupo de empresas "nunca ha cobrado una ayuda de la Junta de Andalucía, es decir, ni un sólo céntimo del Presupuesto de la Junta se ha destinado a estas empresas".
Así ha señalado que la "eficacia" de los controles de las ayudas de la Consejería de Economía es la que permitió detectar "presuntas irregularidades" de empresas que solicitaban acogerse a las ayudas de reindustrialización del Ministerio de Industria.
En este sentido, detalla que el 30 de marzo de 2011 se comunicaron al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, pertenecientes al Banco de España, los defectos detectados en proyectos empresariales pertenecientes a un grupo del mismo empresario.
Posteriormente, el 5 de abril, "menos de una semana después", se trasladaron los hechos a la Fiscalía de Sevilla, concretamente a la sección de Delitos Económicos.
Las mismas fuentes han recordado que, igualmente, fueron los representantes de la Junta de Andalucía los que se reunieron con responsables del Ministerio de Industria para alertar de las presuntas irregularidades, con el objetivo de que "éste pudiera activar los procedimientos de reintegro de las ayudas concedidas por el Gobierno central".
Por último, ha indicado que el pasado 15 de octubre de 2011 el entonces consejero de Economía, Antonio Ávila, compareció a petición propia en el Parlamento de Andalucía para informar de este caso "con absoluta transparencia".
El 'caso Bahía Competitiva' investiga el presunto fraude millonario cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del plan que ha dado nombre al procedimiento. Un total de 31 personas han sido detenidas en distintas fases de la investigación.
Se trata de una supuesta trama en la que, según resumía la Policía al darla por desarticulada, medio centenar de empresas solicitaban ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación gaditana y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión, y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.
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