A pesar de que la Justicia de lo Social se puso del lado de las monitoras administrativas en su reivindicación laboral mediante la sentencia 154/14 de 5 de mayo sobre lo sustanciado en el juicio de 22 de abril, ayer no hubo vuelta al cole para este colectivo que representa a 34 trabajadores de la capital gaditana, a un total de 92 en la provincia y más de 800 en el conjunto regional, concretamente 840, y sí para el resto del personal vinculado a la enseñanza en Andalucía.
Este medio ha podido saber de primera mano que los monitores y monitoras administrativos de los centros públicos de la capital no han acudido a ningún colegio y que lo mismo ha sucedido en el resto de Andalucía. Ni siquiera aquellos trabajadores con sentencias favorables lo han hecho.
A tenor de lo expresado hace escasas fechas por el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, habrá que esperar como mínimo hasta el 30 de septiembre para que la administración autonómica mueva ficha en lo que a la readmisión de estos profesionales se refiere y a la aplicación de las sentencias a tal efecto dictadas.
Alonso señalaba que hasta ese último día del noveno mes del año “el plan de choque que se puso en marcha para los monitores responde perfectamente a la segunda parte del proceso de escolarización”, añadiendo que su Consejería “admitirá a aquellos monitores a los que los juzgados les haya dado la razón” así como que atenderán a los requisitos exigidos por la Unión Europea como son “la titulación y la cualificación profesional, algo que según el consejero, se cumplirá “al 98 por ciento en un corto espacio de tiempo”.
Cabe recordar que tras una reunión habida en octubre de 2013 entre el sindicato Ustea con el Viceconsejero de Educación, Sebastián Cano, y la Directora General de Recursos Humanos de la Consejería, Antonia Cascales, se certificó el fin del Servicio de Apoyo y Asistencia a la Gestión Académica y Económica de los Centros Públicos de Infantil y Primaria dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en las ocho provincias andaluzas, una medida que dejaba en la calle a 840 profesionales.
También es bueno saber que este servicio lo llevaba subcontratando la Junta a través de ISE (Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos) desde hacía ocho años con distintas empresas en condiciones poco favorecedoras para los trabajadores en lo que la Inspección de Trabajo calificó cono de “cesión ilegal de mano de obra”.
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