CCOO denuncia que la Consejería de Salud, Igualdad y Bienestar Social está desmontando el sistema de protección de menores convocó una protesta este miércoles ante la sede de la Delegación Territorial de esta Consejería en Cádiz (edificio administrativo de la plaza Asdrúbal).
Para el sindicato, las nuevas medidas ocasionarán más pérdidas de puestos de trabajo y, en Cádiz, el cierre de dos centros en el sector, menos plazas en los centros de menores y peor atención a los usuarios, todo ello motivado por un conjunto de políticas erráticas y economicistas más la ausencia incomprensible de planificación.
Durante una reunión mantenida hoy, los centros afectados detallaron la situación a la que se enfrentan por la decisión de la Junta. Afanas Puerto Bahía pierde cuatro plazas, dos de ellas para discapacitados. La congregación Nuestra Señora del Rosario Filipense tiene que reducir en dos el número de plazas de su centro en Puerto Real. Esta misma congregación tenía el curso anterior dos centros, uno en Cádiz, en la calle Cervantes, y otro en Puerto Real, con seis plazas cada uno. Según indican sus responsables, la Junta les dijo que era inviable y que tendrían que unificar las doce plazas en un mismo centro. Tras el esfuerzo económico y humano realizado para adaptar el centro de Puerto Real, que provocó un despido y rebajas de la jornada laboral de otro trabajador, ahora tendrán que suprimir dos plazas más.
Rebaño de María y Divina Pastora, ambos en Cádiz y de las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María, cuentan con un total de 20 plazas, diez en cada centro, que ahora habrán de reducir a la mitad. Eso obligará cerrar uno de los centros y a trasladar a un tercero a 4 de los 14 menores que viven en las instalaciones en mitad de curso, así como a despedir a una equipo entero de cinco educadores, un psicólogo, un director, reducir la jornada a un trabajador social y prescindir de personal de limpieza, mantenimiento y cocina.
Las doce plazas de los centros Virgen del Mar, en Cádiz, y Luisa de Marillac, en El Puerto, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, se quedarán en ocho, lo que supone el cierre de las instalaciones portuenses y al traslado de los menores que actualmente están el en El Puerto a Cádiz.
Desde los centros destacan que los menores que se ven afectados por traslados y cierres lo harán a mitad de curso, lo que complicará la ya delicada adaptación a los centros educativos. Desde la Asociación de Centros Católicos gaditana, AGRAM, indican que de los diez centros asociados en la provincia, cuatro se ven afectados por la medida de la Junta.
La situación que viene sufriendo este servicio público externalizado a medias -donde hay trabajadores y menores de primera y segunda categoría según estén acogidos o trabajando en un centro público o uno concertado- ha alcanzado “un punto de inflexión intolerable” con la enésima medida tomada por la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, consistente en la supresión de un más de 250 plazas en Andalucía, y concretamente 40 en la provincia de Cádiz , tan sólo un año después de haberlas concertado, explica CCOO.
Los motivos esgrimidos por la Administración para llevar a cabo este nuevo “ataque” al sistema de protección de menores en Andalucía, los de la “optimización” de los recursos y el gasto, son “un nuevo ejemplo del doble lenguaje del gobierno andaluz que sigue manteniendo que, por una parte, son el último bastión en defensa de los servicios sociales y de los derechos de los trabajadores mientras que, por otra, practican las mismas políticas de recortes y aniquilación de los servicios públicos que el gobierno central”, señala el sindicato.
Según manifiesta CCOO, detrás de esta desorbitada supresión de plazas en los centros de protección de menores en Andalucía subyacen otros motivos como la no retirada de los menores cuando ésta es solicitada por los Equipos de Tratamiento Familiar; la cronificación de las familias en un sistema que no se atiende correctamente por falta de recursos y cuya consecuencia más cruel es el deterioro psíquico, afectivo y emocional de los niños; la apuesta por el acogimiento familiar profesionalizado no como una mejora del sistema sino como una forma de ahorro; la situación laboral tercermundista de los profesionales de los centros concertados que atienden a estos menores y de la que la administración es subsidiariamente responsable o la inoperancia de la Junta de Andalucía que, sólo un año después de la firma de los conciertos con las entidades privadas, modifica lo acordado sin tener en cuenta las repercusiones que en los niños y las niñas vaya a tener.
La Ley Orgánica 1/1998 de los derechos y la atención al menor dice en su art.3 que en el ejercicio e materia de protección de los derechos de los menores “primará el interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo”. Por ello, ante esta situación CCOO exige a la Administración el cumplimiento de la ley y la desautorización de la primacía del ilegítimo interés económico en la administración de los servicios públicos.
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