Cádiz

El Ayuntamiento espera el desalojo voluntario de una casa 'okupada'

La vivienda, asignada a otra familia, se encuentra ubicada en la calle Grazalema de la capital

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La teniente de alcalde del Área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz, Mercedes Colombo, ha vuelto este lunes a contactar con la mujer que hace recientes fechas ocupó "de manera ilegal" una vivienda municipal de la calle Grazalema de la capital gaditana, con el objetivo de ofrecerle la ayuda necesaria para que desaloje "voluntariamente" la casa que "ya espera una familia del registro de demandantes de Vivienda Protegida".

   En un comunicado, el Consistorio gaditano ha informado de que esta familia ocupó una vivienda de la citada calle días después de que falleciera el inquilino habitual de la misma, sin que la empresa municipal de vivienda Procasa, titular del inmueble, "hubiera podido acceder siquiera a las llaves".

   Han recordado que trabajadores de Procasa y trabajadores sociales del área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz ya visitaron el pasado 21 de agosto a esta familia, "instalada de manera ilegal", para ofrecer asesoramiento sobre las ayudas que "venía y viene recibiendo de manera regular de los servicios sociales del Ayuntamiento". La intención municipal --detallan-- era que "esta persona desalojara de manera voluntaria la vivienda que ya está asignada a una familia, primera en la lista del registro de demandantes de Vivienda Protegida que se confeccionó en base a la norma autonómica que unificaba este tipo de listados".

   Los Servicios Sociales del Ayuntamiento y Procasa han informado de que ya se han concedido ayudas económicas para el pago del alquiler a esta usuaria "durante este año", y también le informaron a la propia interesada que estaba aprobada la concesión de otra ayuda para "próximas fechas". Aseguran que también informaron a esta persona de que la vivienda en cuestión es de protección oficial y administrada por Procasa.

   La ciudadana que ha ocupado la vivienda de la calle Grazalema forma parte de dicho registro de demandantes, aprobado en última convocatoria el 6 de mayo de este año. "No obstante, sólo el baremo que contempla la coyuntura social y económica y los niveles de diferentes necesidades asistenciales de cada una de las familias que lo componen, es el que dictamina cuál es la unidad familiar con mayor necesidad para dicha vivienda"; detalla el Ayuntamiento.

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