El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna ha sido citado a declarar el próximo lunes como imputado de un delito de malversación de caudales públicos en el "caso Quality Food", tras un nuevo informe de la Abogacía del Estado, han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
El informe de la Abogacía del Estado, adelantado hoy por la Cadena Ser, ha surgido tras la aparición de nuevas pruebas durante la instrucción de este caso, en una investigación que se inició hace ocho años.
En sus cerca de setenta folios, el informe ha dado un vuelco a la investigación de este caso y ha añadido un nuevo capítulo de irregularidades y sospechas en la gestión de la Zona Franca de Cádiz en las etapas en que estuvo gestionado por Miguel Osuna y Manuel Rodríguez de Castro, dos delegados nombrados por el PP.
Hasta ahora, Manuel García Gallardo, expresidente de Quality Food, varios de sus familiares y un directivo bancario estaban acusados de haber estafado a la Zona Franca de Cádiz, accionista mayoritario de la empresa, instalada en el recinto fiscal en el 2001 y dedicada a la preparación y distribución de platos precocinados de cocina mediterránea a clientes como el Ministerio de Defensa, centros hospitalarios y educativos, públicos y privados.
En el 2004, Quality Food destituyó al presidente de la compañía, Manuel García Gallardo, por presuntas irregularidades, como la desaparición de 2,7 millones de euros o la existencia de una "caja B" para pago de comisiones, hechos que dieron lugar a varias denuncias de la Zona Franca.
La Abogacía del Estado ha encontrado pruebas ahora de que el entonces delegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, "participó en el delito" y "fue el responsable principal", según las fuentes jurídicas, que añaden que por ello se ha entregado un nuevo informe al juzgado de instrucción encargado del caso, que ha aceptado el texto y ha llamado a declarar el próximo lunes como imputado por un delito de malversación de caudales públicos a Miguel Osuna.
Ese mismo día también esta citado a declarar Manuel García Gallardo aunque no como hasta ahora, imputado, entre otros, de un delito de estafa, sino como cooperador necesario en el delito de malversación de caudales públicos, en una cuantía que, según las fuentes, aún no ha sido concretada.
Miguel Osuna, como entonces delegado de la Zona Franca de Cádiz, se encargó de impulsar cinco denuncias por la vía civil contra el expresidente de Quality Food.
En marzo del 2004, en una rueda de prensa, explicó a los periodistas, al informarles sobre la interposición de estas denuncias, que el asunto más que un "entramado empresarial muy complicado" eran "simples pantallas fiscales que en Hacienda se ven todos los días, y cómo se desarman y se atacan y se actúa contra ellas es algo que está muy trillado".
Miguel Osuna sucedió en el cargo de delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz a Manuel Rodríguez de Castro, también nombrado por el PP y que fue condenado por el Tribunal Supremo como "responsable contable directo" del perjuicio de 522.325 euros en los fondos públicos del consorcio.
La sentencia le condenaba a reintegrar esta cantidad, en la que cifró el perjuicio que ocasionó a los fondos públicos de la institución durante su gestión, desde 1996 a febrero del 2001, fecha en que presentó su dimisión, a través de pagos indebidos o no justificados efectuados con tarjetas de crédito de las cuentas corrientes del consorcio, presidido entonces por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP).
En el 2005, el delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, José de Mier (PSOE), dijo que con la gestión de sus antecesores en el cargo Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, el consorcio había perdido "al menos, 24 millones de euros".
Dos de las grandes inversiones de aquella etapa de la zona Franca fueron Rilco, un portal de comercio electrónico ideado por Rodríguez de Castro en 1998, y Quality Food, ambos con sendos procesos judiciales abiertos.
El pasado febrero el fiscal del "caso Rilco" estimó en su escrito de conclusiones provisionales que el perjuicio económico ocasionado por Rodríguez de Castro y Osuna en el fraude de la puesta en marcha del portal de comercio electrónico ascendía a entre 3,4 y 3,5 millones de euros.
Por ello solicitó la apertura de juicio oral contra ellos, para los que pide penas de entre diez y trece años de prisión, en una acusación que se dirige también contra un matrimonio estadounidense y dos exempleados de RILCO, una empresa que supuestamente consiguió ayudas públicas por 4,8 millones de euros y un préstamo de la Zona Franca de otros dos millones.
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